El portavoz del PP, José Manuel Alcaraz, consideró ayer la sentencia de «desproporcionada e injusta» al considerar que no causa ningún impacto al núcleo de Sant Ferran, aunque resaltó la obligatoriedad de acatarla y cumplir con lo dictado. Aún así, Alcaraz criticó el «secretismo» del equipo de gobierno en este asunto ya que, según indicó, en el último año no se ha informado a los grupos de la oposición. «No nos han dicho absolutamente nada y no sabemos si se ha hecho todo lo posible para evitar esta demolición», apuntó Alcaraz.
Asimismo, el portavoz popular destacó que el único local que se había vendido «el presidente del Consell de Formentera [Jaume Ferrer] tenía participación, creo que el presidente debería dar alguna explicación sobre este tema al grupo de la oposición y en el pleno y desde hace un año hemos tenido una falta de transparencia que no nos han informado de nada», criticó Alcaraz.
Por su parte, el Consell de Formentera informó en un comunicado que la empresa adjudicataria se ha comprometido a ejecutar el contrato por el importe en un plazo de dos meses a contar desde el inicio de las obras de demolición, que no podrán empezar hasta el 15 de octubre, fecha en la que finaliza la moratoria que prohibe la ejecución de obras en los núcleos urbanos.
El presupuesto máximo propuesto por el Consell de Formentera, tal y como apareció en el BOIB, era de 157.000 euros. Hay que recordar que la cantidad por la que se ha adjudicado, más de 83.000 euros, deberán ser abonados por la administración insular. En total, y según el Consell se presentaron al concurso seis empresas.
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