Según informaron ayer desde el Ejecutivo autonómico, estas obras de canalización del drenaje OD2 consisten en la ejecución de una balsa en la que se desaguarán las pluviales de la autovía debido a la imposibilidad de su vertido al mar.
La autovía registra problemas de inundaciones desde que se puso en funcionamiento en 2007. En la pasada legislatura, los progresistas tardaron varios años en conseguir una solución óptima, ya que había muchas instituciones implicadas y alegaban que era difícil llegar a un consenso. Finalmente se diseñó el proyecto, se consiguió el dinero y el 12 de noviembre de 2010 el entonces Ejecutivo progresista aprobó un presupuesto de 2,5 millones para esta obra. No ha sido hasta ahora, casi dos años después, cuando se ha autorizado el gasto para encargar la gestión a la empresa semipública Tragsa.
El proyecto
La actuación consiste en la ejecución de una balsa y la eliminación del canal de conducción de agua hasta el mar que se había incluido en el proyecto de la autovía. Esta balsa se sitúa en una zona rústica próxima al área de protección del parque natural de ses Salines, en unos terrenos que se expropiaron a Empresas Matutes y en los que había almacenadas tierras de la autovía.
La proximidad al parque natural obliga a una serie de cuestiones, como por ejemplo llevar un seguimiento ambiental de los trabajos. El proyecto también garantiza el drenaje de la carretera para un período de retorno de cien años, que recoja el volumen en la salida de la canalización equivalente a una precipitación máxima 186,70 litros por metro en 24 horas. Con estos trabajos también se pretenden evitar las afecciones en la primera línea de playa, que sufre inundaciones de forma periódica. El agua procedente de la autovía va a parar a la balsa y de ahí se dirige de forma controlada a la red de drenaje municipal.
Desde el Govern también descartaron en su día desaguar en la zona húmeda de ses Salines al no estar autorizada.
Seguimiento arqueológico
Según ha podido saber este periódico, es probable que aparezcan restos arqueológicos, por lo que las excavaciones serán delicadas y deberán ir acompañadas de un control específico. Asimismo, el adjudicatario del contrato deberá aportar un informe arqueológico en el que determine, a raíz de las catas y los análisis realizados, la importancia de los restos que se pueden encontrar y las consecuencias derivadas del inicio de las obras.
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