Madrid se hará cargo del sobrecoste de la desaladora de Santa Eulària

En materia de agua, el Govern balear aceptó asumir el coste del proyecto de conexión de la desaladora de Santa Eulària con la anilla de distribución de agua potable de Eivissa.

Pese a los ajustes presupuestarios del Ministerio para 2013, Company confirmó que las obras se licitarán el año que viene con la financiación del Gobierno central, que también se hará cargo de 6 de los 19 millones de sobrecoste entre el presupuesto inicial y el coste real de ejecución de la desaladora.

Según informó el Govern en una nota de prensa, el Ministerio de Medio Ambiente también «mantiene el resto de sus compromisos», como asumir parte del sobrecoste de la desaladora de Menorca o la ejecución de otras depuradoras, entra las que están las de Eivissa (que se tiene que construir en sa Coma y que lleva mucho retraso) y la remodelación de la de Santa Eulària des Riu.

Pese a ello, Company reconoció que algunas de estas obras «sufrirán algún retraso por los ajustes sufridos por el Ministerio y se podrían comenzar a ejecutar en 2014».

El conseller y el ministro conversaron también sobre agricultura y sobre la petición del Govern de conseguir una nueva política agraria común (PAC) 2014-2020 en la que se reconozcan compensaciones para Balears por las desventajas que la insularidad plantea al sector primario. Arias Cañete se comprometió a defenderlo ante las instituciones europeas un régimen específico como disponen otros territorios insulares como las Azores y Madeira, Canarias o las islas del Egeo. Actualmente Balears es la comunidad autónoma que recibe menos pagos directos d ela PAC. Mientras que en 2011 recibió 26 millones, Canarias percibió 263.

El Gobierno no ve bien la ley urbanística
Otro de los asuntos que se trataron fueron las discrepancias por la nueva ley urbanística balear y en concreto por el contenido de la disposición adicional tercera, que establece la figura del silencio positivo en las evaluaciones ambientales. El conseller reconoció que hay problemas jurídicos que «se tienen que analizar, aunque estemos de acuerdo en los principios de la disposición». Company cree que hay que «discrepar» porque el administrado «no puede verse perjudicado por la lentitud de la Administración y tener paralizados proyectos desde hace años por un informe de impacto ambiental».