L. AversaEivissa03/06/13 0:00
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La promotora de la urbanización ilegal de Cala Molí no tendrá derecho a la indemnización de seis millones de euros que reclama al Ayuntamiento de Sant Josep por la anulación de una licencia de obras que se le había otorgado para un complejo de 12 apartamentos, 16 estudios, 2 viviendas, 15 piscinas y dos locales, además de aparcamientos y trasteros, en una zona protegida por la Ley de Espacios Naturales (LEN) con la figura de Área Natural de Especial Interés (ANEI).

Según avanzó ayer la web Eivissa Confidencial, un dictamen del Consell Consultiu de Balears señala que «procede desestimar» esta reclamación, ya que la suspensión de las obras y posterior anulación judicial de la licencia se debe, «única y exclusivamente a la actitud de la reclamante» que había presentado planos donde clasificaba como «urbano» el suelo de la parcela que en realidad se ubicaba en zona protegida.

La promotora es Grup Medi y la arquitecta del proyecto fue Pilar Fernández la nuera del exarquitecto de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, que fue detenido en 2008 y continúa siendo investigado por presuntos delitos de malversación, prevaricación urbanística, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales y falsedad documental. Fernández está imputada por este polémico proyecto, que también se investiga en la causa que se sigue contra el exarquiecto municipal.

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