Imagen del Mojo49, un antiguo dragaminas que el propietario alquila para hacer ‘boat parties’. | NATALIA NAVARRO

La fiesta que estuvo a punto de desarrollarse a las siete de la mañana del jueves en la bahía de Sant Antoni a bordo del antiguo dragaminas Mojo49 y que finalmente fue paralizada por Vigilancia Aduanera y Guardia Civil, a raíz de una denuncia del GEN-GOB, no contaba con licencia para el transporte marítimo de pasajeros e incumplía medidas de seguridad tan básicas como la dotación de chalecos salvavidas, según confirmó el Director Insular de la Adminstración del Estado, Rafael García Vila.

«Se procedió al desalojo del barco porque no se reunían las condiciones de seguridad necesarias. En el momento del desalojo había un centenar de personas a bordo. La embarcación no cumplía con las medidas de seguridad, como tener chalecos salvavidas», precisó García Vila, quien afirmó que, tras identificar a los promotores de la fiesta y a la propiedad, el barco no se precintó.

La intervención de Vigilancia Aduanera vino dada por la venta de entradas: «Se estaba cobrando un dinero que no estaba declarado», precisó el Director Insular de la Administración del Estado. En este sentido, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera abrieron expedientes, que remitieron a Capitanía Marítima (por el incumplimiento de las normas de seguridad), a Hacienda (por la recaudación de la venta de entradas) y al Govern por la «actividad comercial». «Deberán ser estas administraciones competentes quienes resuelvan qué medidas tomar», expresó García Vila, quien advirtió de que estarán «vigilantes» con esta embarcación.

«A lo largo del verano pasado y de éste hemos estado atentos; lo que ocurre es que hay muchas embarcaciones con licencia de transporte marítimo de pasajeros y es más complicado, pero estamos encima para ver si podemos acabar con esta actividad que es tan molesta para todos», afirmó.

Por su parte, el presidente del GEN-GOB, Joan Carles Parlem, insistió en que en la denuncia que pusieron quedaron reflejadas las posibilidades de incumplimiento de aforo, medidas de seguridad y falta de licencia. «Lo que demuestra lo de ayer es que no se ha hecho nada antes porque nadie se ha querido poner a hacerlo. Las declaraciones de ayer, que se cuelgan una medalla porque reaccionaron ante una denuncia, son muy tristes porque toda la información la sacamos de internet y de los pósters; si se quisiese controlar no sería tan díficil», expresó Palerm, quien espera que la paralización de este primer ‘party boat’ sea un primer paso «de verdad» para controlarlos.