La consellera de Participació Ciutadana de Eivissa, Carmen Domínguez, reconoció ayer que la máxima institución insular está teniendo «dificultades legales» para crear el convenio que tienen que firmar el Consell y las dos entidades bancarias para poner como alquileres sociales las cinco viviendas que estas entidades ceden.

Cabe recordar que en junio de este año, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH-Eivissa), el Consell d’Eivissa y algunas entidades bancarias empezaron una ronda de reuniones para crear una bolsa de alquileres sociales. En la segunda reunión, únicamente dos entidades bancarias pusieron a disposición un total de cinco pisos. A partir de este punto, Consell y bancos tenían que formalizar un convenio para poner legalmente estas viviendas como alquiler social. Es aquí donde se encuentra el principal escollo, según afirmó ayer la consellera Domínguez. «Que nadie piense que estamos de brazos cruzados; es un tema legal que llevamos meses trabajando. La parte legal nos está entreteniendo más de lo que esperábamos, pero se solucionará», explicó la consellera, quien explicó que, finalmente, han optado por ‘rescatar’ el convenio estatal que el Gobierno firmó con 33 entidades bancarias a principios de este año.

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