La Fiscalía ha reafirmado la petición de tres años de cárcel y 72.000 euros de multa para cada uno de los cuatro acusados de un delito continuado de destrucción de patrimonio histórico que han sido hoy juzgados en Ibiza, entre ellos el exconseller insular de Cultura y Patrimonio, Joan Marí Tur 'Botja', y el ex director de Patrimonio Antoni Arabí.

Con la declaración de los peritos y la lectura de conclusiones, ha quedado visto para sentencia el juicio que durante dos jornadas ha sentado en el banquillo a Marí y a Arabí, así como al constructor Matías Arrom y el jefe de obras Sancho Álvarez.

Para Marí y Arabí, quienes también afrontan una acusación de prevaricación, la Fiscalía pide además diez años de inhabilitación para ocupar un cargo público.

Los hechos juzgados sucedieron entre octubre de 2004 y febrero de 2006, cuando se destruyó un gran número de elementos arqueológicos de la época púnica y romana durante la construcción del segundo cinturón de ronda de la ciudad de Ibiza.

En sus conclusiones la Fiscalía ha criticado las manifestaciones hechas por Marí el pasado miércoles durante la primera vista del juicio, admitiendo ignorar la Ley de Patrimonio Histórico de las Islas Baleares.

«Su obligación como conseller de Cultura y Patrimonio era conocer y aplicar la Ley de Patrimonio», ha apuntado el fiscal Mario López.

Durante su exposición de los hechos, el fiscal ha dicho que las obras empezaron en octubre de 2004 sin ningún tipo de control arqueológico a pesar de lo que señala la ley, y que entre mayo y julio de 2005 tampoco hubo ningún tipo de supervisión.

«¿Usted que hizo? Mirar hacia otro lado. La Ley le obligaba a actuar, pero usted se quedó con los brazos cruzados», ha apuntado.

Unos argumentos de comisión por omisión y prevaricación que la Fiscalía también ha repetido cuando ha leído las conclusiones contra Arabí.

Respecto al papel del constructor Matías Arrom, el fiscal ha recordado el artículo 105 de la Ley de Patrimonio, que especifica la responsabilidad de los promotores y constructores de una obra, en el caso que se produjera una destrucción de patrimonio.

«Usted sabía perfectamente que no podía empezar una obra sin un seguimiento arqueológico, pero lo hizo» ha dicho.

Igualmente, en su lectura de conclusiones sobre el jefe de obra, Sancho Álvarez, ha señalado que «no comunicó la destrucción de la cisterna, no comunicó la destrucción del acueducto romano, hizo caso omiso de todas las indicaciones de los arqueólogos y arrasó con todo».

Los abogados de la defensa piden la prescripción de los hechos ya que consideran que para juzgar este caso se debe aplicar el antiguo código penal y, en este delito, prescriben a los tres años.

La defensa de Arrom y Álvarez también les ha eximido de cualquier responsabilidad, descargándola sobre Matías Arrom Quetglas -hijo del constructor y supervisor de las obras- y en Antoni Comas, encargado de la maquinaria.

«Que Arrom Bibiloni y Álvarez estén en el banquillo de los acusados es fruto de una instrucción deficiente», ha apuntado.

También la defensa ha insistido que la destrucción del patrimonio histórico no era un delito doloso sino una «consecuencia inevitable cuando se desarrollan unas obras de esta envergadura.

Por su parte, el abogado del exconseller Marí ha explicado que los trabajos del segundo cinturón de ronda se desarrollaron en una zona «carente de cautela arqueológica», y que la construcción de una carretera que enlazara Vila con el aeropuerto era una «obra de interés general, y esto es lo que debe primar».

Además ha criticado que la Fiscalía equipare el hecho que el exconseller no abriera un expediente sancionador contra la constructora con una 'comisión por omisión', y ha asegurado que a su defendido se le acusa de «una falta administrativa, cuando aquí estamos dilucidando un tema penal».