Matthias Kühn se enfrenta a dos años de cárcel por unas presuntas obras ilegales en el chalet de Tagomago. | Toni Escobar

La Fiscalía ha reclamado dos años de cárcel para el empresario Matthias Kühn como presunto autor de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente, al realizar obras de reforma supuestamente irregulares en un chalet del islote de Tagomago.

Por los mismos motivos solicita otros dos años de prisión para el representante de la empresa que ejecutó las obras, Guido Hecker. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa ha acordado abrir juicio oral contra ambos acusados, mientras que ha sobreseído las pesquisas para el arquitecto a quien se consideraba autor del proyecto, Eugenio F.C., al no haber quedado acreditado este extremo.

Obras

Según el escrito del fiscal, entre diciembre de 2007 y julio de 2008, Kühn promovió en Tagomago una serie de obras que contemplaban la pavimentación de unos 470 metros cuadrados en zonas adyacentes de la vivienda y la construcción de un muro de cemento de nueve metros de longitud por tres metros de altura. La acusación también indica que impulsó la construcción en la parte trasera de la vivienda de un camino de piedra y cemento de aproximadamente 1,50 metros de ancho y 20 metros de largo, la ampliación y aumento de altura de los bloques de hormigón que protegen el grupo electrógeno y la creación de una senda empedrada de unos 80 metros de longitud que une la vivienda con el camino del faro. Además, atribuye al promotor alemán la construcción en el muelle del islote de una caseta de piedra y cemento para guardar un motocarro.

La Fiscalía subraya que dichas obras se llevaron a cabo «sin estar amparadas por ningún tipo de licencia» —tampoco pueden ser legalizadas— y que las mismas comportaron un movimiento de áridos y la poda de un número indeterminado de sabinas, lo que representa una «alteración muy significativa de las condiciones del LIC y ZEPA, y que ha ocasionado un grave daño extensivo, intenso, perdurable e irreversible a corto y medio plazo».

El juez ha decretado, además de los dos años de prisión para ambos inculpados, una fianza civil de 10.000 euros a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de esta causa, así como el pago de otros 10.000 euros para cubrir los gastos de la demolición de lo ilegalmente construido, a petición del Ministerio Público.