La alcaldesa de Eivissa, Virginia Marí admite que el PGOU está muy avanzado y cree que habrá consenso. | Toni Escobar

La alcaldesa de Vila, Virginia Marí, reiteró ayer su predisposición a la suspensión parcial de licencias urbanísticas después de que el Tribunal Supremo obligara a anular el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) por el que se regía Vila desde 2009 por carecer de Evaluación Ambiental Estratégica.

«Estamos bastante metidos en solucionar lo urgente, que es la suspensión parcial de licencias y el avance del PGOU», comentó ayer la alcaldesa de la ciudad de Eivissa. En este sentido, la edil del Partido Popular señaló que el nuevo texto del plan general «está bastante avanzado» y que la voluntad de su equipo de gobierno es «llegar a un acuerdo y un consenso» con el resto de fuerzas políticas, con las que tiene previsto reunirse a lo largo de los próximos días tras un primer encuentro de portavoces celebrado la pasada semana.

«Nuestra postura es la suspensión parcial e intentar que la ciudad no se paralice. No podemos permitir que el municipio de Eivissa esté paralizado, pero no cabe duda de que tampoco se puede permitir que nos hagan ninguna barbaridad [en referencia a grandes edificaciones o discotecas] en este momento. Cuando esté mas avanzado se notificará, pero cuando se llegue a un consenso con el resto de portavoces. Vamos por buen camino y no creo que haya problemas», subrayó la primera edil del Consistorio de Vila.

Sobre las declaraciones efectuadas por el presidente del Consell Insular, Vicent Serra, en las que se mostraba partidario de permitir la urbanización de una parte de ses Feixes, Virginia Marí consideró que «no es oportuno hablar de este tema» y reiteró que «ahora lo urgente es resolver el problema que nos hemos encontrado con el PGOU».

«Dentro de dos meses vienen elecciones y el próximo equipo de gobierno será el que tome decisiones», aseguró Marí, que prefirió no dar detalles sobre las propuestas que presentará en su candidatura a la alcaldía.

Por último, respecto a la reclamación por parte de medio centenar de propietarios del humedal de un millón de euros y solares como compensación a la clasificación de la zona como de suelo rústico en 2009, Marí lo deja en manos del servicios jurídicos, quienes «valorarán» dichas reclamaciones y «tomarán una decisión».