Foto de archivo. El estudio de impacto de ses Planes «tiene deficiencias» y tampoco valora sus«riesgos». Domingo Gómez Oreo, Ángel Nieto y Daniel Busturia, ayer durante la asamblea celebrada en Jesús. | Toni Escobar

La Asociación de Afectados por la Cantera de Ses Planes, en nombre de las 733 familias que respaldan su actividad, tiene previsto enviar una «carta abierta» a todos los candidatos al Consell de Eivissa y al Ayuntamiento de Santa Eulària.

Según han explicado, quieren dejar patente la preocupación de muchos vecinos que tienen sus viviendas en Ses Figueres, Jesús, Cap Martinet, Can Furnet, Can Pep Simó, Talamanca o Roca Llisa.

Además, intentarán plasmar en la misiva los asuntos que preocupan a la Asociación, como la instalación de dos plantas, una de asfalto y otra de hormigón, en Ses Planes.

«Desde las administraciones nos han escuchado pero no nos han atendido y no se han querido comprometer. Nuestra lucha es la defensa del medio ambiente, la salud de los ciudadanos y la seguridad en la zona más afectada por esta actividad minera y por el tráfico generado por la cantera de Ses Planes», ha señalado un portavoz de la Asociación.

Esta Asociación como colectivo, y algunos de los vecinos a título individual, han presentado escritos y demandas al Ayuntamiento «que no sólo no han obtenido respuesta, sino que tampoco han dado lugar a las actuaciones municipales a las que les obliga su misión de policía sanitaria, de tráfico y medioambiental y de control del cumplimiento de los servicios de la licencia otorgada», según han considerado.

La Asociación ha dicho que, de haberlo querido, el Ayuntamiento, el Consell y la conselleria de Industria del Govern Balear podrían haber invocado «sólidas y justificadas» razones para dictar la clausura de esta cantera por incumplimiento de sus obligaciones en la explotación.

Esta Asociación considera que instalar en la cantera dos nuevas actividades industriales para el beneficio exclusivo de una empresa privada, que estuvo ilegalmente explotando esta cantera durante 30 años, «sobrepasa los límites de la tolerancia ciudadana y de la permisividad administrativa».

Asimismo, han explicado que una actividad calificada como peligrosa e insalubre por las leyes españolas y europeas, «no puede, ni debe, acrecentar los riesgos de contaminación y efectos sanitarios nocivos encontrándose a 700 metros lineales de instalaciones deportivas, con numerosas viviendas y hoteles que se sitúan entre los 150 y los 1000 metros lineales del eje de la cantera y con unos accesos que obligan a transportar mercancías peligrosas por el núcleo urbano de Jesús o de Talamanca».

La Asociación ha pedido a las instituciones que manifiesten su compromiso con la salvaguardia del medio ambiente y de la salud pública, se comprometan a cumplir sus obligaciones de control de esta explotación minera y a ejercer con firmeza los poderes de policía medioambiental, de salud pública y de tráfico rodado que les otorga el ordenamiento legal vigente.

Asimismo, han solicitado que se comprometan a no autorizar, ni a otorgar licencias para unas instalaciones industriales «que sería falaz considerar que sirven para restaurar un espacio de especial interés ecológico» y cuya existencia constituiría un flagrante olvido de lo dictado por el Tribunal Supremo y «un incalificable menosprecio» del interés de los ciudadanos.