Mari Carmen Torres y José Suñer recibieron ayer la felicitación de amigos y vecinos de Santa Gertrudis.

«Esto ha sido David contra Goliath. Después de años de lucha, hemos ganado una batalla, pero somos conscientes de que ahora puede venir la guerra». Es la sensación que comparten Mari Carmen Torres, José Suñer y Catalina Roig, los tres vecinos de Santa Gertrudis que han ganado una batalla judicial por los vertidos de hidrocarburos registrados en sus pozos procedentes de la estación de servicio.

24 horas después de comunicarles la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Palma, Mari Carmen todavía no da crédito. «No me lo puedo creer. Ha sido un calvario de más de 14 años. Hemos sufrido muchas pérdidas. Las económicas están ahí, pero lo peor son las pérdidas que ya no podemos recuperar. Por el camino falleció mi padre, luego mi madre».

«Cuando nos llamó la abogada y nos dijo que la sentencia era favorable me quedé en estado de shock. No me lo podía creer. Lo primero que me vino a la cabeza fue lástima por no poder contárselo a mi padre», narra Mari Carmen, quien todavía se emociona recordando que, en parte, toda esta lucha la ha llevado adelante por sus padres ya fallecidos.

«El pozo, su agua, era el medio de vida de mi padre desde los años 70. El último día que estuvo consciente fue el día que perdimos el primer juicio», recordó a PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA Mari Carmen, quien añadió que ellos no le dijeron nada por su delicado estado, pero se enteró «por alguna visita». A los pocos días, José Torres falleció.

José Suñer recuerda que al poco tiempo de instalar los nuevos depósitos «empezaron los problemas. El olor iba a más y un día comprobamos cómo llenando una botella de agua se acumulaba una capa en la superficie. Era casi un dedo de carburante».

«En estos años he perdido todo el campo: naranjos, caquis, nísperos... y, ahora, por fin, una alegría», relató Suñer, quien es felicitado por los vecinos y amigos que salen a su paso por la plaza de Santa Gertrudis.

Ahora, las tres familias que han llevado adelante el proceso respiran cierta satisfacción, pero Mari Carmen recuerda que en algún momento pensó en «tirar la toalla. Era muy duro todo, pero decidí seguir luchando porque se lo debía a mis padres. Aquel varapalo fue muy injusto por el daño económico, pero sobretodo muy duro por el aspecto sentimental y por la familia».

El pozo de la finca Ca’n Pere Torres suministró agua durante más de tres décadas a buena parte de la isla. «Llevábamos agua a Sant Miquel, a Sant Mateu, a Vila... hasta que pasó lo que pasó», apuntó Mari Carmen, quien hace hincapié en que el «mayor daño fue ver cómo cerraron nuestro pozo antes que la gasolinera. Todavía recuerdo aquel 13 de junio de 2003, en el que nos ordenaron cerrar el pozo». Ella se armó de valor y mantiene la empresa heredada, pero ahora sólo distribuye agua de otros pozos. Por su parte, José Suñer recuerda que cuando presentó la denuncia en la Fiscalía «fue cuando empezaron a tomarnos en serio». El juzgado de Eivissa les dio en principio la razón, «pero después ellos recurrieron a Palma y vuelta a empezar», apostilló.

Los tres vecinos saben que el proceso todavía se puede alargar y destacan el trabajo de sus abogados. «Estamos muy agradecidos a Ana Groizard y su equipo. Han hecho un trabajo chapó. Ella nos animó a luchar y presentamos el recurso a cuatro días de cerrarse el plazo», subrayó José.

EL DETALLE

El fallo reconoce el daño sufrido y fija indemnizaciones de 300.000 euros

El juzgado de Primera Instancia número 9 de Palma estimó de manera parcial la demanda presentada por Mari Carmen, José Suñer, Eulalia Torres y Catalina Roig contra José García y Zurich España. En su fallo, el juez acuerda unas indemnizaciones de cerca de 300.000 euros (193.161 para Mari Carmen Torres; 51.479 euros para José Suñer y Eulalia Torres, y 46.103 euros para Catalina Roig).

La sentencia recuerda que los vecinos notaron un fuerte olor de productos químicos al poco de instalarse los depósitos que no eran de acero. En diciembre de 2010 una sentencia condenaba al promotor de la gasolinera por un delito contra el medio ambiente, un fallo que un año después la Audiencia de Palma revocó aunque reconoció que la contaminación se produjo por la rotura del tanque. Ahora, las partes tienen 20 días para recurrir el nuevo auto.