El desalojo voluntario del edificio había comenzado minutos antes de la doce. La comisión judicial accedía a la torre acompañada por agentes de la Policía Nacional e iniciaban el desalojo pactado un mes atrás entre todas las partes implicadas.
«He resistido todo lo que he podido. Pensaba que la ley y la justicia imperaría y no me echarían de mi casa, pero este país funciona como funciona», señaló a PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA Juan Carlos Pereira.
El arrendador de los apartamentos confiaba nuevamente en las negociaciones de última hora, pero esta vez no tuvieron éxito. Explicó que su abogado había negociado con el juzgado de Madrid que lleva el proceso y confiaba en no ser desalojados, ya que tienen menores de 3 años.
Tras seis horas de tensión y nervios, Pereira, su mujer y su hija de 2 años, y Domingo Novoa, propietario de los apartamentos, y su familia fueron los últimos en abandonar la torre.
«Cuando han llamado a la puerta, la pequeña se ha puesto a llorar y mi mujer ya estaba muy nerviosa. Ante este panorama he visto que lo mejor era salir», apuntó Juan Carlos Pereira
El dispositivo para proceder al desalojo de la torre se activó minutos antes del mediodía. Una decena de agentes de la Policía Nacional llegaban junto a la comisión judicial.
En un primer momento, los vecinos de una de las casas salieron voluntariamente, mientras que las familias de Pereira y Novoa se resistían a abandonar sus apartamentos. La comisión iba comprobando planta por planta y casa por casa el estado en que se encontraban los apartamentos.
El alzamiento de la torre se produce tras la demanda de desahucio solicitada por la empresa RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales S.A, una de las partes propietarias de la torre junto a Novoa.
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