El Govern inspeccionará los alquileres turísticos para que paguen la ecotasa. | Armando Tur Molina/ Renato Steinmeyer

El Govern llevará a cabo una campaña específica para inspeccionar los viviendas turísticas ilegales para que éstas también paguen la ecotasa. Esta es la solución que ayer avanzó el vicepresidente y a la vez conseller de Turisme, Biel Barceló, a la problemática de los alquileres vacacionales fuera de la ley. Barceló, que ayer visitó nuevamente las Pitiüses para reunirse con los equipos de gobierno de los Consells de Eivissa y de Formentera, los alcaldes ibicencos y las patronales y sindicatos; aseguró que el Ejecutivo balear «es consciente» del problema que existe en Eivissa con el alquiler turístico y que su apuesta es que, mediante una modificación de la Ley Turística, sean las administraciones competentes en urbanismo las que establezcan dónde pueden haber esta actividad.

El conseller de Turisme también afirmó que se iniciará un proceso de diálogo para la reforma de dicha ley de cara al próximo año con la voluntad de seguir incentivando la modernización de la planta hotelera «pero sin un abuso urbanístico exagerado».

Ecotasa

Por otro lado, el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Torres, mostró la «inquietud» de la máxima institución insular por el reparto de los ingresos del futuro impuesto turístico. Torres consiguió el compromiso de Barceló de que las inversiones se «territorializarían» aunque todavía no sabe qué criterios se seguirán para ello. No obstante, lo que sí dejó claro el conseller es que «la recaudación la hará el Govern, que es quien ha creado el impuesto». Entre los posibles proyectos, Vicent Torres señaló que la transformación de sa Coma en un campus universitario podría ser uno de ellos.

Biel Barceló aprovechó la ocasión para recalcar que el cambio del modelo de financiación autonómico es una prioridad porque el Govern se encuentra en una situación de «precaridad». «No tenemos capacidad inversora propia», apuntó el conseller, quien en la mañana de ayer visitó Formentera, donde mantuvo un encuentro con el president del Consell, Jaume Ferrer y los consellers Bartomeu Escandell y Alejandra Ferrer, con el objetivo de explicarles el borrador del nuevo impuesto turístico.

Según explicó Ferrer, «desde el Consell somos partidarios de que se haga efectivo este impuesto durante la presente legislatura». Para Ferrer, «desde Formentera la intención es que la recaudación que se obtenga desde la isla sea reinvertida en medidas de protección medioambiental, en mejoras de infraestructuras en los núcleos turísticos de es Pujols y es Ca Marí, así como que los turistas conozcan a que se destina el cobro de esta tasa».

Por su parte el representante del ejecutivo autonómico, Biel Barceló destacó que, «el destino de esta recaudación que plantean desde Formentera coincide con la finalidad de esta ley» y añadió que, «se trata de aportaciones que van desde un 0,9 y un 1,3% del gasto total de un turista por lo que supone un impacto económico mínimo».

Acabada la rueda de prensa, los representantes de ambas administraciones insulares mantuvieron un encuentro con unos pocos representantes del sector turístico de la isla. Entre ellos el vocal de la Pime Formentera y empresario hotelero, Pep Mayans, quien manifestó a la consulta de este rotativo que la entidad, en principio, no está de acuerdo con la nueva normativa por lo que analizarán el borrador con la directiva de la entidad empresarial con el objetivo de presentar alegaciones y propuestas.

Según Mayans, «este tema lo hemos tratado en reuniones informales y ahora estudiaremos el borrador con la intención de redactar sugerencias, ya que en principio no estamos de acuerdo con este impuesto ya que lo acabarían pagando los clientes de los hoteles y apartamentos reglados, que cumplen todos los requisitos establecidos por las normativas vigentes y que suman un 25% de la oferta, mientras un 75% no lo pagaría».