El Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa investiga posibles irregularidades en las cuentas y destinación de las partidas presupuestarias correspondientes a la equipación del cuerpo de Policía Local portmanyí en los años 2013 y 2014, con Pepita Gutiérrez (PP) como alcaldesa.

Según informaron al PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA fuentes conocedoras del caso, los representantes sindicales de la Policía Local llevaron el caso ante la Fiscalía para denunciar una serie de irregularidades y un posible delito contra las arcas públicas.

Los hechos se denunciaron el pasado mayo y el Ministerio Fiscal aportó la documentación facilitada al Juzgado de Instrucción número 3 y solicitó un perito contable para revisar si los gastos presentados para la compra de uniformidad (uniformes, munición y defensas) cuadraba con la partida destinada a tal objeto.

En un principio, los hechos también se denunciaron ante el Tribunal de Cuentas pero la investigación se ha parado por esta vía.

Fuentes conocedoras del caso explicaron que, según el programa de gestión, la partida destinada a la uniformidad del cuerpo ascendía a 63.000 euros en los años 2013 y 2014.

Las mismas fuentes apuntan que solicitaron acceso a los expedientes de contratación de equipación y que no se los facilitaron. Finalmente, les dieron acceso a los programas de gestión donde venían reflejadas las mencionadas partidas de 63.000 euros para la uniformidad.

Explicaron que la empresa adjudicataria, la valenciana Gil de los Ríos Uniformes SL, emitió facturas que reflejan elementos que, según denuncian, nunca llegaron a los agentes de la Policía Local de Sant Antoni.

Entre la documentación aportada en la sede judicial figurarían albaranes sin firma de recepción ni sello.

Los denunciantes apuntan a la gestión que hace de los recursos el jefe de la Policía Local, Javier Verdugo. En este sentido, indican que el informe de necesidad que emite la jefatura no se corresponde con la realidad, ya que solicita equipación para 62 agentes cuando la plantilla estaba compuesta por 46 agentes.

Añadieron que a los agentes que entran de temporada nunca se les equipa con todo el material nuevo y adecuado que se requiere para sus funciones. Asimismo, los denunciantes también ponen en tela de juicio el proceso de adjudicación a la empresa valenciana y apuntan que no se dieron los requisitos de concurso público necesarios para estas adjudicaciones.