Según explicaron desde la Asociación Salvem Sa Penya, «esperamos que esta vez el juez dicte a favor» del desalojo, ya que esta medida daría vía libre al Ayuntamiento de Vila para proceder al desalojo de la UA7, UA2 y UA3. Esta asociación vecinal reconoció tener una «comunicación fluida» con el equipo de gobierno municipal y, de hecho, tienen previsto volver a mantener próximamente una reunión para hablar las posibles medidas que se tomarán después de una hipotética resolución judicial a favor. El pasado mes de octubre el TSJB estimó parcialmente el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Vila para autorizar la entrada a las viviendas ocupadas pero remitió la sentencia al Juzgado número 1 de Palma, que es el que tendrá que decir finalmente si se debe proceder a la entrada para el desalojo o no.
El objetivo de esta asociación y de los vecinos que viven de manera legal en este barrio es que cuando el juez dicte la resolución judicial el Ayuntamiento estabezca un calendario de actuaciones que incluyan medidas de rehabilitación del barrio «desde el punto de vista social y urbanístico», que permitan tanto reintegrar a los colectivos del barrio como evitar que se vuelvan a ocupar las citadas viviendas.
«Los vecinos nos podemos a disposición del Ayuntamiento para para favorecer la integración social», apuntaron desde Salvem Sa Penya, desde donde ofrecen ayuda para en cuestiones urbanísticas, sociales, de integración social de menores e incluso para proporcionar trabajo a los desempleados del barrio. Según señalaron, el equipo de gobierno municipal «está teniendo mucho tiempo para preparar bien las cosas», por lo que cuando el juez dicte la resolución «tiene que tener las cosas claras y poner inmediatamente en marcha el procedimiento de rehabilitación del barrio», concluyeron los vecinos integrados en esta asociacion vecinal.
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