El decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística aprobado por el Govern balear dejará en suspenso todas las solicitudes de licencia en zonas ANEI (área natural de especial interés) que hayan sido presentadas durante los últimos tres meses. En el caso de Eivissa, hay ocho expedientes afectados que no podrán autorizarse.

El conseller de Territori del Govern balear, el ibicenco Joan Boned, explicó ayer en Eivissa que el decreto que prohibe desde hoy y hasta finales de 2017 edificar en espacios naturales «aporta coherencia» ya que, en su opinión, «no era lógico que en las Pitiüses sí se pudiera edificar en estas zonas y en Mallorca y Menorca no». «Ahora todos somos iguales y tenemos las mismas condiciones», indicó el conseller balear, quien anunció que buscará el consenso con los sectores afectados por la Ley de Suelo para llevar a cabo su modificación normativa.

Boned señaló que la aprobación del decreto «es un primer paso» y que ahora se iniciará el trabajo legislativo de «revisión y modificación» de las leyes afectadas, entre las que también se encuentran la ley turística y la ley agraria.

El objetivo, según Boned, es tener una ley del suelo «con un mayor consenso que el que teníamos hasta ahora». En respuesta a las declaraciones efectuadas por el conseller popular Mariano Juan en este periódico, en las que avisaba de que el decreto generará «paro y miseria», Boned aseveró que «no paraliza la actividad económica en las islas», ni siquiera en una actividad «comprometida» como es la construcción, puesto que todos los expedientes «iniciados y presentados en debida forma» hasta hoy –cuando entra en vigor el decreto– «seguirán su tramitación».

«Este decreto suspende la llamada amnistía urbanística por vía de legalización de viviendas ilegales en suelo rústico a partir de su entrada en vigor», aclaró el conseller balear, quien añadió que «para conseguir la competitividad económica, no todo vale», en referencia a las reformas sobre la ley de suelo, agraria y de turismo adoptadas durante la pasada legislatura. «La voluntad es hacer posible la combinación de un progreso y un mantenimiento de una actividad económica que dé garantías a nuestra principal industria, que es el turismo, y al mismo tiempo preservar nuestro principal tesoro, que es el territorio», puntualizó Boned.

También señaló que los hoteles «podrán seguir haciendo solicitudes de reformas y mejoras, porque aunque se retiran algunas de las condiciones a las que podían adaptarse sus proyectos, se pueden seguir presentando».

Vicent Torres

Por su parte, el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Torres, mostró su satisfacción porque el decreto termina con «las políticas de urbanismo a la carta y del fomento de ilegalidad que promovieron los anteriores gobernantes, premiando a los que lo hacían mal y castigando de alguna manera a los que siempre lo habían hecho bien», señaló.

También celebró que el decreto devuelve a la isla las competencias «de planificación y control de territorio y urbanismo, que le habían sido quitadas por el anterior Govern de les IIles Balears de manera injusta e intolerable».