En una rueda de prensa ofrecida esta mañana, el diputado y presidente del PP de Eivissa lo ha calificado como un "decreto ley ómnibus, que vale por seis o siete decretos leyes, y que afecta a toda la actividad económica de nuestras islas".
"Aquí de lo que se trata es de pararlo todo durante 3 años, hacer la siesta, patada para adelante y el que vine que arregle los problemas", ha afirmado Marí Bosó, para quien el Govern balear no tiene "ningún modelo" de territorio para Eivissa.
El presidente popular ha criticado también que el presidente del Consell de Eivissa aplauda el decreto, que a su juicio "paralizará el crecimiento, la senda de bienestar y la ocupación en Eivissa".
"Si hoy estamos en tasas positivas de crecimiento y en niveles de paro pre-crisis es gracias al empujón de nuestros empresarios, trabajadores y sectores productivos, y también gracias al empujón de las políticas normativas aprobadas por el PP la pasada legislatura", ha añadido Marí Bosó.
El presidente del PP ha comparecido junto al portavoz adjunto del grupo popular en el Consell de Eivissa, Mariano Juan Guasch, y los coordinadores insulares en materia de Turismo y de Ordenación del Territorio y Transportes, Carmen Ferrer y Mariano Juan Colomar,
Mariano Juan Guasch ha criticado que con este decreto "no se dan soluciones a los problemas de las viviendas ilegales, lo que puede fomentar inseguridad y ilegalidad para los propietarios que ya no podrán ni hacer reforma".
También ha señalado que el 70 % del territorio de Eivissa tiene calificaciones de protección como ARIP, APR y ANEI por lo que el decreto "se podría haber consensuado con los afectados".
Por su parte, Colomar ha señalado que la posibilidad de legalizar viviendas en suelo rústico permitía a los ayuntamientos tener ingresos "que se destinaban a proyectos de protección del territorio y a la construcción de viviendas de protección oficial".
"Esta recaudación sí tenía una finalidad marcada, sí que era una ecotasa", ha señalado Colomar.
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