Reprueban la plaza de director de seguridad de Sant Antoni

El Partido Popular mostrará hoy en el pleno de Sant Antoni su total rechazo a la creación de la plaza de director técnico de seguridad, puesto que ocupa desde hace dos meses Ángeles Gallardo, al considerar que el equipo de gobierno está incumpliendo con ese nombramiento el plan de ajuste económico municipal.

A este respecto, Pepe Sala, portavoz de los populares, explicó ayer en rueda de prensa que «estamos en contra de este nombramiento desde el principio, ya que es un puesto de confianza, que actuará en calidad de asesor, pero, ya desde el mismo nombre del cargo se aprecia que no es verdad, que lo que pretenden es camuflar y legalizar con rapidez una plaza de ejecutivo con un sueldo cercano a los 60.000 euros al año que repercutirá de forma negativa en las arcas municipales y que traerá, entre otras consecuencias, una reducción en los demás salarios». Asimismo, los populares se preguntan «la razón por la cual un simple asesor, como dicen que es, cuenta ya con un despacho propio en el cuartel en el que lleva ejerciendo desde hace dos meses».

Urbanismo

Por otra parte, el grupo popular elevará al pleno municipal una batería de mociones entre las que destaca una solicitud en materia de urbanismo en referencia a las ANEI, en la que pedirán al ayuntamiento que inste al Parlament a que se tramite el Decreto Ley 1/2016 como Proyecto de Ley. Los populares entienden que el Govern Balear debe consensuar al máximo con todos los colegios profesionales, con los colectivos sociales y con los sectores productivos afectados los cambios normativos directos y la moratoria que ha impuesto dicho Decreto Ley.

Otras cuestiones que plantearán los populares en el debate plenario será la redacción de una ordenanza municipal sobre comercio que regule, evite, restrinja y sancione la venta de alcohol en bodegas y tiendas a partir de las 12 de la noche; la necesidad de que el ayuntamiento no asuma gastos económicos ni realice labores de limpieza o de recogida de basuras en zonas del puerto que corresponden al ente Ports de Balears; la aplicación del desdoblamiento del número de socorristas en las playas o, también, que el ayuntamiento aproveche 1,9 millones de euros para realizar inversiones en el municipio en vez de destinarlos a amortizar la deuda.