Las empresas Voramar El Gaucho SL y Autobuses San Antonio SA dudan de que la estación de autobuses Cetis cumpla las condiciones técnicas para reabrir antes del próximo verano tal y como anunciaron el pasado sábado el Consell d’Eivissa y el Ayuntamiento de Vila.

Ambas empresas, aun siendo concesionarias de las líneas de transporte regular de viajeros, denunciaron ayer que «en ningún momento» han sido citadas ni han mantenido ninguna reunión con las citadas administraciones para tratar la utilización de la infraestructura, «con lo que no hemos participado, ni se nos ha llamado ni remitido ningún documento desde a efectos del acuerdo del que se habla en la prensa», informaron a través de un comunicado.

Estas empresas advirtieron de que se reservarán «las acciones legales que procedan en relación al contenido y la adopción de los acuerdos».

En un comunicado, lamentaron que «en reiteradas ocasiones» se han dirigido a la actual administración del Consell, titular de las concesiones de transporte, «mostrando nuestra disposición para tratar cualquier tema relacionado con la infraestructura Cetis».

A pesar de ello, manifiestan que el Consell d’Eivissa «no ha consultado con las empresas que representamos ningún tipo de acuerdo y no conocemos el contenido» del mismo, que según explicaron los jefes del ejecutivo local e insular, establece una serie de mejoras técnicas –mejorar el sistema antiincendios, invertir el sentido de la circulación interior y habilitar una sala de espera– y un nuevo marco tarifario –7 céntimos por usuario y 3,60 euros por operación de autobús–.

Las empresas aseguraron carecer de la información sobre los estudios, informes de intervención o informes técnicos que, relacionados con las condiciones de realización del servicio, se han tenido en cuenta para el cálculo de las nuevas tarifas o sobre las condiciones de la construcción o prestación del servicio y reconocieron desconocer qué técnicos los han firmado.

«Por ello, no sabemos cómo se ha llegado a esta tarifa, ni las reformas que se deberán realizar, si se cumple o no con los condicionantes de la adjudicación de la construcción y uso de la infraestructura, ni el coste que suponen las obras o los mayores costes de explotación, ni quién debe pagar este sobrecoste. Nos reservamos las acciones legales que procedan en relación al contenido y la adopción de los acuerdos», explicaron.