Los trabajadores de la residencia Sa Serra «están siendo amedrentados por la empresa para que no expresen sus quejas en cuanto a sus condiciones laborales ante el fiscal que, según la empresa, ha declarado que estas denuncias no van a llegar a nada». Además, «se les coacciona con la amenaza de perder su puesto de trabajo si les quitan la contratación, porque no hablan catalán». Así lo explicó ayer Concha Matas, hija de Isabel Matas Tosano, una usuaria con alzheimer en estado muy avanzado e ingresada en la residencia, que este pasado fin de semana volvía a comprobar «que las cosas siguen igual en el centro». Matas asegura que no se ha tomado ninguna medida para paliar las deficiencias de la residencia, que afectan directamente al bienestar de los ancianos ingresados allí. Por ejemplo, que «el servicio de limpieza tiene que repartir la ropa limpia con un carrito de la compra o que han estado limpiando con limpiacristales porque no tienen otra cosa».

Asimismo, la afectada quiere poner de manifiesto que las administraciones no están respondiendo a las denuncias de los familiares. En su caso, de las dos cartas que ha remitido al Govern balear (el pasado julio y en el mes de marzo) solo se le ha contestado a la última y, según la interesada, la postura del Govern en la misiva es «una burla, porque la versión que han dado ha sido la de Enrique Guzmán, el director de la residencia». «Se han limitado a contestar con lo que les han contado, pero no con la realidad», apuntó Matas.

Durante este fin de semana, según Matas, no había personal suficiente, además «las que se encontraban trabajando estaban agotadas e, incluso, se negaron a cambiar el pañal de mi madre». El domingo por la noche solo había una auxiliar «de unos veintitantos años y con cara de agotamiento», que tenía que hacerse cargo de acostar a todas las personas que están ingresadas, «porque el siguiente turno llegaba a las diez». Por estos motivos, Matas aseguró que va a presentar toda la documentación en el juzgado para que se tomen medidas. De hecho, ayer por la mañana se dirigió al Juzgado de Instrucción Número 1 de Eivissa para conseguir el numero de procedimiento y personarse «en la causa abierta por la Guardia Civil, aportando copia de los documentos remitidos a las autoridades y testimonios particulares». Matas aseguró que ahora son los políticos los que tienen que dar la cara y solventar el tema «de una vez», concluyó.