El conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, compareció ayer ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlament balear a petición del Partido Popular para dar cuenta sobre la situación de la desaladora de Santa Eulària, una infraestructura que todavía pertenece al Estado, según Vidal. «Hoy por hoy la IDAM es propiedad del Ministerio, que se reserva el derecho de repercutir el sobrecoste al Govern, por lo que hay que firmar una recepción de las obras adecuada», señala el Ejecutivo en una nota de prensa.

Vidal avanzó que las obras previstas todavía no están terminadas, por lo que se destinarán 2,8 millones de euros para la construcción de una conducción de 400 mm de diámetro que conecte la desaladora con la red de abastecimiento en alta de Eivissa.

Además, desde Abaqua se trabaja en las bases de la futura concesión en la que se incluirá la construcción de un depósito para el Ayuntamiento de Santa Eulària, pero antes deberá sufragar un coste de mantenimiento de la desaladora para poder «procesar una cantidad de agua desalada parra el municipio», aseguró Vidal. Unas obras que tendrían que haberse realizado durante la construcción de la desaladora, según el conseller.

Por su parte, el concejal de Urbanismo de Santa Eulària, Mariano Juan, que también asistió a la comparecencia del conseller Vidal, manifestó que la desaladora puede ponerse en marcha, «lo que pasa es que no está conectada ni a la interconexión ni al depósito de Santa Eulària, por lo que si se pusiera en marcha mañana no podría suministrar agua a ninguna población».

Juan calificó de «excusa y cortina de humo» el hecho de que el conseller balear de Medi Ambient diga que la infraestructura hídrica todavía no esté en marcha porque no se ha firmado su cesión con el Ministerio de Medio Ambiente, que es la administración que ha pagado el sobrecoste de las obras. «El nuevo instituto de Santa Eulària lo pagó el Ayuntamiento, el Govern balear todavía no lo ha recepcionado y dentro hay niños y profesores dando clase, por lo que la desaladora también podría estar funcionando», señaló el concejal de Urbanismo.

Tras la comparecencia el diputado del PP Miquel Jerez Miquel Jerez manifestó que «existe un acta de entrega firmada el día 15 de febrero de 2016 que el Govern de les Illes Balears no reconoce como documento definitivo. No sabemos qué más hay que hacer para que asuman de una vez titularidad de la instalación. La puesta en funcionamiento de la desaladora se trata de caso de emergencia social que requiere una solución inmediata».

Hoy se pondrán en contacto la directora general de Recursos Hídrics, Joana Garau, y la directora general del Agua del Estado para intentar llegar a un acuerdo.