La institución insular, según explicó la consellera de Benestar Social, Lydia Jurado, está elaborando un convenio para aumentar a diez el número de plazas sociosanitarias de Cas Serres y así poder recibir una mayor financiación para sostener su gestión.
Jurado acusó al PP de «dejar caducar» el último convenio con el Govern por un total de cinco plazas y les culpó de «no cobrar absolutamente nada por estas camas». Según la consellera, los gastos por mantener Cas Serres ascienden a 7,5 millones de euros al año, de los que apenas reciben 3 millones por parte de Dependencia y de la ley de Financiación.
La consellera atribuyó también a la denominada ‘ley Montoro’ los problemas de dotación de este centro sociosanitario, a lo que la consellera popular María Ferrer criticó que «recurran a esta ley cada vez que tienen un problema».
Ferrer acusó al equipo de gobierno de crear «incertidumbre» sobre el futuro de Cas Serres y pidió «más seguridad» para los trabajadores del centro y los usuarios del hospital residencia.
Otra moción del PP acerca de la escoleta de Can Nebot, ubicada en sa Carroca, corrió la misma suerte. Todos los grupos apoyaron pedir a la Conselleria balear de Educació abrir un centro que todavía no ha abierto sus puertas a pesar de que se acabó de construir en 2010.
La popular Belén Torres calificó de «menosprecio» a los ciudadanos de Eivissa que en la isla solo haya 10 escoletes públicas frente a las 22 de Menorca y las 78 de Mallorca y que ninguna dependa del Govern.
El conseller de Educació, David Ribas, reconoció la falta de plazas de escolarización entre 0 y 3 años aunque culpó al anterior gobierno del PP de no haber resuelto durante su mandato la «situación kafkiana» que hace que Can Nebot permanezca cerrada.
Ribas aseguró además que parte del material de la escoleta se ha estropeado por una falta de uso.
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