La principal novedad es la incorporación a la junta directiva de la representante del Hostal Mallorca y vicepresidenta de la Asociación Hotelera de Sant Antoni, Ana Gordillo, y de la psicóloga y propietaria del Hostal Pitiusa de ses Figueretes, María Costa Roig. En este sentido, Juanjo Riera se mostró muy satisfecho por la incorporación de «dos mujeres jóvenes y muy preparadas».
En su comparecencia posterior, Riera tuvo palabras de reconocimiento con las víctimas de la masacre ocurrida en Niza y con José Ramón Serra ‘Pilot’, «una persona que trabajó en la mejora del pueblo de Sant Antoni», y Juan Escandell, propietario de la Cova de can Marçà y de los apartamentos San Miguel Park y Esmeralda Mar, ambos fallecidos recientemente.
Reivindicaciones
Riera abordó los problemas que preocupan a la patronal hotelera pitiusa, «como son las infraestructuras» de la isla. El presidente de la Fehif criticó que todavía no se haya ejecutado el desdoblamiento de la carretera de Santa Eulària y transmitió la inquietud de los asociados respecto a obras hidráulicas como la depuradora de Vila o aquellas que garanticen el suministro de agua en el municipio de Sant Josep.
Otras de sus reivindicaciones es la reforma del paseo marítimo de ses Figueretes y su conexión mediante una pasarela de madera con Platja d’en Bossa. En este sentido, Riera aseguró que las solicitudes de la patronal «coinciden en un 90% con la de la población local», como es «la mejora de espacios públicos, jardines, paseos e infraestructuras».
Los hoteleros pitiusos volvieron a manifestar su rechazo hacia el impuesto turístico sostenible, una tasa «que sólo van a pagar los turistas que acudan a alojamientos legales», apuntó Riera, y que se ahorrarán «entre un 40 y un 45%» de los visitantes. El empresario considera esta circunstancia «una discriminación» y recuerda que se librarán de abonar el impuesto «los que vayan a mansiones de lujo, los que vengan en jet privado o los que fondeen ilegalmente» en aguas pitiusas. En cuanto a la recaudación del impuesto, subrayó que «el 100% se debería revertir en la isla donde se ha realizado el daño medioambiental».
El empresario también se mostró contrario a la posibilidad de que se regularice el alquiler turístico en edificios residenciales, y denunció la proliferación de oferta ilegal en diferentes sectores.
Por otra parte, evidenció su preocupación por tendencias «muy peligrosas» como el balconing y el consumo de drogas «de las que no se sabe su composición».
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