Una de las peticiones de los habitantes de es Fornàs es que si la línea eléctrica es realmente necesaria, se soterre. Una actuación que costaría nueve millones de euros que se tendrían que sumar a los 10,7 millones previstos. «Nosotros ya hace mucho tiempo que llevamos este tema y he tenido reuniones con el anterior director general de Industria, Jaime Ochogavía, que me dijo que soterrar la línea eran nueve millones de euros», apunta el presidente de la asociación de vecinos de es Fornàs, Pere Juan. Una cifra que para el representante de los habitantes de este lugar «no es ningún escándalo porque estamos hablando de una infraestructura que durará más de 80 años, por no decir más, sobre el territorio, y que rompe toda la posibilidad de crecimiento sostenible y desestacionalizador en una vénda como es Fornàs».
En cuanto a de dónde tendría que salir el dinero para pagar este sobrecoste, Pere Juan propone que sea el Govern a través de la recaudación del impuesto sobre el turismo sostenible quien sufrague estos nueve millones de euros. «Lo más rápido sería pensar en la ecotasa, que se crea para suplir el efecto de la presión humana sobre el territorio. Y tendríamos que recurrir a ella ahora», apunta el presidente de los vecinos de es Fornàs.
El proyecto de Red eléctrica prevé instalar una línea de alta tensión de 132 kV entre la subestación eléctrica de Sant Antoni (que será ampliada) y la de es Torrent, situada junto al Camí Vell de Sant Mateu, en Puig d’en Valls. En total serán 9.425 metros de tramo aéreo a través de 32 torres (14 de ellas de nueva construcción) de entre 30 y 60 metros de altura, de los que 5.306 metros discurrirán sobre zona ANEI, y 557 metros de soterrado.
LA NOTA
El Consell se encargará de la elaboración de las alegaciones
El Consell d’Eivissa encargará y asumirá los costes económicos de los informes técnicos sobre el estudio de impacto ambiental de la línea de alta tensión que Red Eléctrica proyecta en es Fornás para dar una respuesta que detenga el proyecto, según informó ayer la vicepresidenta segunda de la institución, Marta Díaz, después de reunirse con representantes vecinales y del Ayuntamiento de Sant Antoni. Los informes que encargará el Consell, internos y externos, servirán como argumentación técnica para la elaboración de un documento de alegaciones al estudio de impacto ambiental, actualmente en tramitación, y cuyo plazo de presentación finaliza el 15 de septiembre.
1 comentario
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Bien, por una vez la clase política al lado de los ciudadanos. A ver si entre todos paramos esta barbaridad.