La concejala de Gobernación, Aída Alcaraz, y la entonces delegada del Gobierno, Teresa Palmer, durante la apertura del SATE de Sant Antoni el verano pasado.

«El convenio firmado en 2014 establece que el Ayuntamiento debe aportar los traductores. El funcionamiento del SATE de Sant Antoni no es el correcto porque el Ayuntamiento no está cumpliendo con sus obligaciones. Si no hay traductores para atender a los turistas, la Guardia Civil se destina a otros puntos». Estos son los argumentos dados ayer por la Delegación del Gobierno para salir al paso de las acusaciones realizadas un día antes por la concejala de Gobernación, Aída Alcaraz.

La edil responsable de seguridad denunció en el transcurso del pleno de Sant Antoni que la oficina del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) cerraría sus puertas antes de lo previsto por la falta de refuerzos de la Guardia Civil, una cuestión que también ha afectado al funcionamiento de las patrullas mixtas.

Desde la Delegación del Gobierno señalaron que hay una comisión de seguimiento donde se valoran el funcionamiento y los problemas que puedan existir. «Ahí es donde se tratan estas cuestiones», señalaron fuentes de la Delegación del Gobierno, que hicieron hincapié en que el origen de las deficiencias está en los incumplimientos por parte del Ayuntamiento.

Las mismas fuentes recordaron que el convenio firmado en mayo de 2014 por la entonces alcaldesa de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, recogía asimismo que en la oficina del SATE habrá presencia de la Policía Local.

«Alcaraz indica que mantendrán la oficina abierta destinando un agente municipal. Lo dice como si fuese algo extraordinario cuando eso figura en el convenio», señalaron las mismas fuentes, que hicieron hincapié en que es el Consistorio portmanyí «quien está incumpliendo los acuerdos y achaca los problemas a otros».

LA NOTA

Agentes de refuerzo y SATE Platja d’en Bossa

La concejal de Gobernación de Sant Antoni insistió durante el pleno en la falta de guardias civiles y aseguró que la Delegación del Gobierno está tratando a Sant Antoni como «un municipio de segunda».

Desde la Delegación del Gobierno apuntaron que las patrullas mixtas han estado funcionando y dando resultados. Asimismo, insistieron en que si no hay traductores para atender a las víctimas británicas, francesas o italianas, entre otras, los agentes se «destinan a otros cometidos en la zona».

Las fuentes consultadas resaltaron que el SATE es un servicio que tiene muchos beneficios y destacó el buen funcionamiento y resultados de la oficina localizada en Platja d’en Bossa, en contrapunto con la situación de Sant Antoni.