Munar, con el rostro cubierto por la mano, pocos minutos antes de escuchar el veredicto. Foto: JOAN TORRES

El jurado del ‘caso Can Domenge’ descarta cualquier atenuante que rebaje la condena a Maria Antònia Munar. Ni el reconocimiento de los hechos, ni la cantidad de dinero consignada ni que los hechos ocurrieran en 2006. La decisión de los nueve ciudadanos ha sido unánime a la hora de rechazar los tres atenuantes que solicitaba la defensa se han ceñido a las tesis que sostenía el fiscal. El veredicto, sin embargo, no cierra el caso. La magistrada que preside el tribunal tendrá un amplio margen para fijar la pena de Munar entre los cuatro años de prisión que reclama el ministerio público y el año que pide su defensa.

El abogado de la principal acusada plantea a la magistrada que aplique una rebaja en la pena en base a que ya fue condenada en el primer juicio de Can Domenge. Entiende que ya se han celebrado dos juicios por los mismos hechos. En el primero, a Munar se le impusieron seis años: tres por un delito de revelación de secretos y otros tres por otro de fraude en la adjudicación. La defensa considera que este segundo delito tiene una estrecha relación con el cohecho por el que ahora se le condena. Por lo tanto, pide que se castiguen de forma conjunta y que la pena sea la del más grave de los dos. Según este argumento, a Munar sólo se le podría condenar a un año de prisión más.

Los miembros del jurado consideran probado que Munar junto con Miquel Nadal y Bartomeu Vicens pidieron el soborno a Sacresa y que se repartieron los cuatro millones de euros. Sobre el reparto apoyan la tesis de la Fiscalía: la entonces presidenta del Consell recibió los dos millones de euros del primer pago que hizo la empresa y otros 450.000 del segundo.

En su veredicto, los miembros del jurado han descartado que la confesión de la expresidenta del Parlament aportara datos relevantes o esclarecedores sobre los hechos que no fueran ya conocidos. Del mismo modo, los 160.000 euros que pagó «no son una cantidad relevante» a la vista del dinero que cobró Munar por el soborno. Además de la cuantía, señalan que el dinero no va destinado a la víctima del delito: el Consell Insular. También ven «razonable» el plazo que ha tardado el caso en llegar a juicio desde que el soborno fue denunciado por Vicens, dos semanas antes de que empezara el primer juicio por Can Domenge, en la primavera de 2013. Munar escuchó junto al resto de acusados el veredicto en torno a las cuatro de la tarde. La lectura pública se retrasó después de que la presidenta rechazara una primera versión por defectos formales y tuviera que devolverlo al jurado para que lo modificara.

En la sentencia también queda en el aire la pena exacta a imponer a Miquel Nadal. La Fiscalía le reclama un año y diez meses y su defensa pide que esa condena se sitúe en un año de prisión. Bartomeu Vicens, Miquel Llinàs y Román Sanahuja han acordado las condenas con la Fiscalía y sólo serán de cárcel (un año y medio) en el caso del primero.