La consellera Cladera, con el director de Pressuposts.

La plana mayor de Més celebró ayer una reunión en el Parlament para estudiar cómo presionar a la consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, para que modifique el reparto inicial del Presupuesto para 2017 y asigne más dinero a los departamentos que gestionan los ecosoberanistas.

El malestar estalló el pasado martes en el Parlament, después de que los representantes parlamentarios de Més fueran informados de las cantidades que se asigna a sus conselleries en el Presupuesto. El portavoz de Més per Menorca, Nel Martí, y la consellera Catalina Cladera mantuvieron una acalorada discusión en los pasillos de la Cámara y los encuentros a uno y otro lado fueron constantes durante toda la sesión plenaria.

A pesar de las evidencias, en Més y en el PSIB intentan dar una imagen pública de normalidad para no incidir en la sensación de que hay una brecha entre ambas formaciones. Sin embargo, la realidad es que ahora mismo existe una gran distancia. Las peticiones de Més pasan, básicamente, por conseguir más presupuesto para aumentar la plantilla de inspectores de Medi Ambient y de inspectores de Turisme. También quieren más recursos para conservación de espacios naturales y para políticas de I+D+I, conselleries en manos de los Vicenç Vidal y Biel Barceló.

A estas peticiones se suma, además, la reivindicación de más recursos para Cultura, que gestiona Ruth Mateu, departamento que consideran claramente infrafinanciado. Piden más dinero para contratar a personal de museos, archivos y bibliotecas. Para IB3 está pactado, en principio, un aumento de 2 millones.

Impuestos

Més –y Podemos por su parte– creen que si el problema está en los ingresos, hay que hacer lo que sea por aumentarlos, es decir, crear los impuestos ‘verdes’ o subir la ecotasa, pero en el PSIB hay reticencias a cualquier subida tributaria.

Con la excepción del IVA y de los impuestos especiales, que bajan con respecto a este año, la recaudación del resto de tributos sube. Según figura en el cuadro del techo de gasto registrado ayer en el Parlament, la recaudación en concepto de tasas aumenta un 39,9 por ciento, mientras que el IRPF crece un 23,7 por ciento y el de transmisiones patrimoniales un 7,5 por ciento.

Montoro asumirá el control de los pagos del Govern si en noviembre sigue habiendo retrasos

Un portavoz del Ministerio de Hacienda confirmó ayer que tras la decisión de bloquear cualquier nuevo gasto del Govern por el retraso en los pagos a proveedores –en julio fue de 83 días y en agosto, de 73–, Cristóbal Montoro ha dado unos días a la consellera para que le entregue un plan de choque. Si funciona y se rebaja el plazo de pago, no habrá consecuencias, pero si en el mes de noviembre se sigue superando el plazo de 30 días, la situación se volverá muy complicada.

El artículo 20.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que si el Govern no paga a 30 días una vez aprobado el plan de choque, el Gobierno tomará el control de los pagos y será él quien abone las facturas a los proveedores. Montoro ya no enviará ese dinero a la Comunitat. «La última carta ha sido una advertencia: se le ha comunicado que debe bloquear cualquier gasto, pero es un aviso de lo que le puede pasar ahora», señaló este mismo portavoz.

El Gobierno central ya ha seguido esta práctica con algunas comunidades autónomas, como Aragón. En el mes de julio, Balears era la segunda comunidad autónomas que pagaba más tarde, a 83 días, cuando el País Vasco paga en el mismo día.