El Consell protestará por el coste de la desaladora y el PP le da la culpa al Govern

| Eivissa |

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Imagen de la planta desaladora de Santa Eulària, que está terminada desde 2011 y aún no funciona.

Imagen de la planta desaladora de Santa Eulària, que está terminada desde 2011 y aún no funciona.

16-10-2009

El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Torres, dirigirá una protesta formal al Gobierno del Estado por «el engaño a toda la ciudadanía» con la reclamación del coste de la desaladora de Santa Eulària.

Torres ha recordado que la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, «se comprometió a desbloquear la puesta en marcha de la desaladora y que el Estado asumiría el total del coste de la infraestructura», en una reunión celebrada en septiembre de 2015, ha recordado el presidente.

Según ha dicho, la reclamación que ahora hace el Estado al Govern para que pague los 26,1 millones de euros de coste de la desaladora «es un incumplimiento inaceptable de las condiciones acordadas para solucionar los problemas de agua en Ibiza».

El presidente ha lamentado que la ministra «vaya a engañar a todo el pueblo» cuando dijo que iba a asumir el coste de la infraestructura.

Asimismo, ha manifestado que el hecho de que el Govern deba asumir un gasto imprevisto de casi 50 millones para las desaladoras de Santa Eulària y Ciutadella «pone en peligro las inversiones autonómicas en recursos hídricos y puede provocar que se dispare el precio del agua».

Sobre este asunto, el PP ibicenco también se posicionó. «Los ciudadanos descubren que lo que nos habían contado respecto de su negociación con el Gobierno central y la asunción de los sobrecostes de la desaladora de Santa Eulalia está en entredicho; nos echan las culpas de su incompetencia a todos los demás», señala el PP en su nota. El PP asegura que el problema se ha producido porque, una vez que el Ministerio de Medio Ambiente pagó la obra, el Govern «no ha sabido negociar». «Vamos a trabajar para que el sobrecoste de la obra no se repercuta en la factura de los ciudadanos de Ibiza», apuntaron.

«El Consejo de Estado en su informe para la resolución del contrato al dar su aquiescencia señala la posibilidad de repercutir los costes a la Administración autonómica. Es por ello que el Govern del Partido Popular no aceptó la entrega mientras el Estado no aceptara asumir los sobrecostes originados», destacan los populares.

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