«Los contratos están para ser respetados. Sería ilegal que el juez siguiese adelante con el lanzamiento». Así de seguro se expresa Antonio Borregón, administrador de los apartamentos Ses Roques, en Cala Llonga. El juzgado de Primera Instancia número 4 de Ibiza tiene previsto ejecutar el desahucio este jueves. El 9 de septiembre ya se vieron en una situación similar. En aquella ocasión, el lanzamiento fue anulado y ahora confían en que el desahucio también sea suspendido. Borregón es una de las tres partes implicadas. Por otro lado están los herederos de la propietaria del inmueble y, por otro, los más perjudicados, 28 familias que en 48 horas se podrían quedar sin casa.

«Llevo cuatro años viviendo con mi familia aquí. Tenemos un contrato y pagamos todos los meses. Nosotros sólo pedimos que se nos respeten los contratos». Son palabras de Rafael Mourenza, padre de una de las ocho familias con hijos pequeños que viven en el inmueble ubicado en Sòl d’en Serra. «Si la propiedad me lo dice, en octubre de 2017 nos marchamos, pero ahora no. Mis hijos van al colegio en Santa Eulària y tenemos una vida hecha aquí», señala Mourenza, quien hace hincapié en que entre el vecindario hay familias con niños pequeños y varios vecinos con problemas de salud. Junto a Rafael está Albert, quien apunta que él paga todos los meses el alquiler, pero piensa buscarse otra casa porque no se puede vivir con esta incertidumbre.

Tanto Rafael como Albert hacen hincapié en que los vecinos son inquilinos. En este sentido, el administrador del inmueble apunta que en septiembre se desplegó una dispositivo de la Guardia Civil con dos secretarios judiciales para desalojar el edificio. Según Borregón, «los herederos habían denunciado que el edificio estaba lleno de okupas». Finalmente, el lanzamiento fue anulado.

Dos meses después se repite la situación. El día 22, los vecinos recibieron un aviso de que serían desalojados el 1 de diciembre. La semana pasada, los inquilinos trasladaron a los juzgados la documentación que acredita el alquiler y el abono de las mensualidades.

«Nosotros estamos al día en los pagos y afectados por un problema entre el administrador y los herederos. Lo mínimo es que se respeten los contratos y si no es así, que nos busquen una vivienda alternativa».

El problema

El administrador del bloque de apartamentos explica que el problema arranca en marzo de 2015 con la muerte de la propietaria. Borregón indica que habían acordado una prórroga con la propietaria, pero no se llegó a plasmar en un documento. «Los herederos no han tomado la herencia como tal. Ellos cobraron los dos primeras meses pero a partir del tercer mes devolvieron la transferencia. Tengo una carta del Banco de España donde se indica que las transferencias eran devueltas por orden del cliente. Ellos han vendido el edificio a un constructor, pero aquí hay unos alquileres que hay que respetar», indicó Borregón, quien añadió que a él le pueden destituir como administrador. «Es lo que deseo porque estoy muy harto, pero a las familias que están con contrato no es de recibo que se les pongan en la calle. Los herederos saben que si yo me marcho, a los tres días se marchará la gente porque no tendrán ni agua, ni luz», apostilló.

«Estoy convencido de que se va a anular el lanzamiento. Sería muy injusto. La gente tiene su contrato y no tiene porque haber ningún problema en que se anule la orden de desahucio», subrayó Borregón, quien añadió que «los desahucios deben ser personales y no global. Los herederos están especulando con el edificio. Si hay justicia, no habrá desahucio». En las próximas 48 horas se resolverá la situación de las 28 familias que viven en los apartamentos ses Roques.

LA NOTA

El Ayuntamiento media para buscar una solución

El Ayuntamiento de Santa Eulària, a través del departamento de Serveis Socials, está mediando y estudiando una salida al problema.

Tras superar una primera orden de alzamiento, que fue cancelada en septiembre, las 28 familias que viven en los apartamentos ses Roques recibieron el día 22 otra notificación. Conocedores del problema, el jueves y viernes pasado, dos trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària se trasladaron hasta el inmueble para conocer de primera mano la situación. Fuentes municipales explicaron que el Ayuntamiento estudiará caso por caso la situación de cada familia y ver en qué se les puede ayudar.

Rafael Mourenza, uno de los vecinos, apuntó que el Ayuntamiento dijo que «nos va a ayudar. Nos pidieron los contratos de alquiler y nos comentaron las posibilidades de realojos, pero ya veremos qué pasa. Yo tengo dos hijos y el curso está empezado, pero también hay gente con problemas de salud. Sólo queremos una solución justa».