La desaladora fue visitada por el conseller Vidal en enero de este año. En la foto aparece junto al alcalde de Santa Eulària, concejales y directivos de Aqualia.

La poco afortunada historia de la desaladora de Santa Eulària comenzó hace ya 14 años. Desde 2002 hasta la fecha no ha sido posible poner en marcha esta planta, que debe desalar agua a Santa Eulària pero también a otros municipios de Ibiza, especialmente Sant Josep, que padece graves problemas hídricos en verano. Esta es la cronología de los hechos, que arranca en 2002:

1 Empieza el anteproyecto. La historia de la planta desaladora de Santa Eulària empieza en noviembre de 2002 cuando la entonces secretaria general de Aguas aprueba el anteproyecto de la construcción de la desaladora.

2 Convenio con el Govern. En abril de 2005 se firmó el convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Govern para ejecutar las obras hidráulicas de interés general, que incluía la desaladora de Santa Eulària.

3 Se adjudica el contrato de la obra. En septiembre de 2005 se adjudica el contrato para la elaboración del proyecto a Aqualia por 42,9 millones de euros.

4 Primer modificado del proyecto adjudicado. El 2 de febrero de 2007 el contratista solicitó la autorización para redactar un modificado, que se firmó 3 años después por 8 millones de euros.

5 Lista para entrar en explotación. El 13 de diciembre de 2011 el director de la obra inicia la medición de la obra. El 14 de diciembre de 2012 la instalación desaladora de agua marina estaba ya lista para entrar en explotación.

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6 Falta la conexión que debe instalar el Govern. Si bien la planta estaba ya lista para funcionar, no llegó a suministrar agua a los usuarios debido a que el Govern no procedió a conectar la infraestructura con la red de distribución alegando «razones económicas o de necesidades que pudieran influir en un correcto servicio», según la documentación que obra en poder de este periódico. El Ministerio señala en un informe que «esta inacción del Gobierno balear determinó que, una vez concluidas las obras y reconocida su conformidad, no fuera posible su puesta en servicio para servir a los fines para los que fue construida». En abril de 2011 el Govern estaba presidido por Antich, quien estaba en plena campaña para intentar ser reelegido para el cargo.

7 El Govern pide que se incluya en el proyecto. Ante la imposibilidad de pagar las conexiones, el Govern pide que se incluyan en el proyecto. La empresa adjudicataria señala que no puede hacer las obras porque no es de su competencia.

8 Se presenta resolución del contrato. Ante la paralización de la infraestructura, la empresa presenta solicitud de resolución de contrato de concesión de obra pública de proyecto, obra y explotación. Alega que no puede explotar la obra pública y denuncia el incumplimiento de la obligación de pago de las facturas a las que estaba obligada la Administración autonómica.

9 Una factura de 31 millones de euros. Ante la falta de respuesta por parte de la Administración autonómica (el Govern de Bauzá alegó que no quería asumir la obra para no tener que repercutir el sobrecoste en el precio del agua a los ciudadanos) la empresa solicitó el 26 de diciembre de 2013 la resolución del contrato y el pago de 31 millones de euros en concepto de inversión a reintegrar, coste fijo de la tarifa, lucro cesante e intereses

10 Resolución del contrato. . El 4 de diciembre de 2014 el Consejo de Obras Públicas, con dictamen del Consejo de Estado, autoriza la resolución del contrato de concesión de obra pública de referencia. Se emite resolución del secretario de Estado de Medio Ambiente en la que se fija el pago a Aqualia de 26,1 millones de euros.

11 El Ministerio dice que el Govern debe pagar. En sus argumentos jurídicos que utiliza para reclamar el sobrecoste, el Ministerio de Medio Ambiente señala que el Govern debe pagar la indemnización por incumplimiento del convenio de 2005, que frustró el objeto del contrato. La principal causa es la falta de pago. Si no se paga los 26 millones, el Ministerio presentará un contencioso ante la Audiencia Nacional.