«Pequé de ingenua al pensar que el traslado del centro de menores sería más ágil»

—Una de sus principales preocupaciones al tomar posesión fue el traslado del centro de menores pero aún no se ha hecho. ¿Cómo se encuentra este proyecto?
—Desgraciadamente la administración no es todo lo ágil que me gustaría y, a lo mejor, pequé de ingenua. Fui muy optimista al pensar que se podía hacer el traslado de una manera más ágil. Hemos estado buscando emplazamientos y se han barajado varias opciones.

—Tenían incluso un solar del Consell para construir un nuevo centro.
—Valoramos el solar como una opción pero a la hora de construir se nos va de plazo. Valoramos la compra de un inmueble y a la hora de la búsqueda encontramos que puede haber varias opciones y que has de hacer un concurso público para la adquisición. Estamos en ese camino administrativo que es tan farragoso. No se puede cerrar una compra directa. Tenemos que adaptarnos a lo que marca la ley. Mientras tanto se contrató a una asesora, Pepa Hornos, que nos ha dado herramientas para mejorar la calidad y la calidez del actual emplazamiento. Se han tomado las medidas que ha sugerido y estamos haciendo más mejoras.

—¿Cuáles son esas medidas?
—Son medidas dentro de dinámicas de trabajo que hacían falta, como cambio de ubicaciones, igual que una casa, de la zona de la biblioteca o de la sala de televisión. Son enfoques para renovar el espacio en el que conviven. Venimos de una etapa en la que no se ha hecho nada en relación a la materia del menor. Esto es sangrante. Los menores son la base de todo y hay que tener especial cuidado cuando nos dirigimos a ellos. Es la única competencia clara que tiene este departamento y cuando entré me escandalicé de cómo se podía haber obviado y nos pusimos a trabajar.

—¿Hay fecha para el traslado?
—Desgraciadamente no. Vamos a hacer un concurso público para comprar una vivienda. No podemos demorarnos más.

—¿Y el proyecto de la unidad residencial?
—Lo valoramos, pero no podemos hacerlo porque no se puede contratar a personal. La reforma local de administraciones públicas ha hecho mucho daño. La oposición es muy injusta y nos critica diciendo que nos acogemos a la Ley Montoro, pero es muy doloroso lo que ha hecho esta ley con las administraciones de ámbito local.

—¿Cómo ayuda la administración al menor tutelado cuando cumple la mayoría de edad?
—El Govern ha puesto en marcha la renta de la emancipación que lleva asociado un programa de inserción laboral y asesoramiento por si quieren seguir estudiando. Estamos reclamando al Govern que ponga cuanto antes el recurso de vivienda de emancipación para el menor cuando salga de la institución. Lo duro es que el menor vuelva a su familia biológica porque no tiene otra casa y lo que haremos es trabajar para que no tenga que regresar. Hay un caso con este perfil y trabajamos para que no se quede sin alojamiento si no quiere volver con su familia. Llevamos un año trabajando para que no ocurra.

—Hablemos de pobreza, cada vez se ve más gente en la calle. ¿Cómo ve la situación?
—Hemos querido hacer una colaboración exhaustiva entre todos los agentes que hacen la atención inmediata de la emergencia social. Se dan situaciones muy dramáticas y también otras de una continuidad de marginación o exclusión que hacen muy difícil que estas personas mejoren su situación y acaba siendo algo crónico. Hemos estado interesados en mejorar y que se promueva desde las administraciones más cercanas la atención a estas personas. Hace una semana tuve una reunión con Cruz Roja interesándome sobre el trabajo de las UES y me gustaría que se reforzara el servicio.

—¿Cómo va a ser la colaboración de Cruz Roja?
—Les pregunté cómo podíamos mejorar. De hecho, han de presentarme unas propuestas en las que creo que es importante que tengamos que participar. Es muy importante la labor de las UES y los educadores de calle para que al final acceden a participar en programas como los de Caritas o Deixalles.

—¿Y el proyecto de es Gorg?
—Se ha llegado al consenso en la Mesa para la Exclusión Social y se va a presentar al Consell el informe de viabilidad económica para que se pueda financiar. Es un proyecto muy necesario ya que hablamos de dar respuesta a las personas que hasta ahora no tienen cabida en el albergue. El Consell se encargará de financiar la construcción del proyecto y para eso hemos reservado una partida de un millón de euros para 2017.

—¿Por qué han tardado tanto en ponerse de acuerdo?
—Ha estado parado la última legislatura, lleva un atraso y es por esto que ha costado ajustarlo a la realidad actual y que todas las administraciones implicadas estén de acuerdo.

—¿Qué le parece el proyecto del traslado del albergue y las quejas de vecinos?
—Me parece muy bien la ubicación. Es un lugar normalizado para un perfil de usuarios de media y alta exigencia, no tiene que haber un problema. Creo que enriquece el barrio acercar las políticas sociales. No son personas de baja exigencia asociadas a hábitos de consumo o patologías que es un perfil que recoge es Gorg. No podemos excluir a las personas de exclusión social, hay que integrar y eso enriquece y hace más sana a una sociedad.

—¿Cómo valora los datos de la Oficina de la Dona con un descenso de los casos este año?
—Hay un descenso pero no son cifras a las que nos podemos acoger de una manera fehaciente. Lleva aparejado un trasfondo que no deja visibilizar realmente porque ha disminuido. Ha bajado porque también hay muchas mujeres que no pueden ir a ser atendidas por cuestiones de trabajo. Promovemos acciones de prevención frente a la violencia de género, sensibilización y campañas dentro de la dirección de Igualdad que están teniendo buena acogida y es un trabajo en el que queremos incidir y reforzar de cara a 2017.

—En el tema de discapacitados, ¿Cómo va a ayudar el Consell a Amadiba en su proyecto?
—Queremos traer a los menores que están en Amadiba. Que Ibiza disponga de un recurso. Daña mucho la vida familiar tanto de los menores que han de estar alejados de su casa como las propias familias. Queremos potenciar el recurso habitacional, apoyarles para que Amadiba disponga de una casa de acogida. Tendremos que llegar a un acuerdo, como un convenio.

—¿Y los pisos de Carreteras?
—Están metidos en un proyecto de licitación de obra. Hay que hacer una reforma estructural del edificio. Tienen muchos años y no se adaptan a la normativa actual. Queremos que a lo largo de 2017 empiece la obra. Los pisos serán para personas con movilidad reducida en situación de vulnerabilidad, como emergencia social.

—-El 1 de diciembre, el Govern asumió la gestión de Sa Serra y el Consell pidió el traspaso de competencias. ¿Cómo están los trámites?
—Queremos la gestión de Sa Serra y Can Blai, pero este traspaso ha de ser debidamente financiado. No podemos asumir la gestión sino viene con dotación económica. No queremos reproducir la catástrofe que fue el Consorcio Sociosanitario y por eso en 2017 haremos un trabajo con los letrados del Govern y del Consell para estudiar la viabilidad de la asunción de la gestión de las residencias con un traspaso debido de competencias.

—Es decir, que no se ponen de acuerdo en el tema económico.
—Si no viene bien financiado, lo que no podemos hacer es sumar un coste añadido más que afectaría transversalmente al Consell. El coste mínimo sería de siete millones pero se ha de evaluar más cosas, como el personal. Son muchas peculiaridades que hay que valorar. A nivel competencial, no hay que olvidarse que la competencia de la dependencia es de la comunidad autónoma y se puede transferir mediante convenios a los consells y así funcionamos. Queremos que estos convenios vengan bien dotados. Quiero mejorar las política de las competencias reales que tenemos, menores y discapacidad.

—¿Sólo menores y discapacidad?
—Son escasas. El Consell se dimensionó en base a unos servicios que se tendría que prestar a la ciudadanía pero a nivel ejecutivo, competencialmente, no es nuestro. Un ejemplo claro es la Oficina de la Dona que viene a través de un convenio que no viene bien dotado. Firmamos un convenio de 300.000 euros cuando el coste del servicio suma casi 500.000 euros. Hemos solicitado en muchas ocasiones que los convenios que el Consell hace con el Govern sean de acuerdo al servicio que se ha de prestar a la ciudadanía.

—Entonces, los 200.00 euros de diferencia los paga el Consell.
—Aportamos la diferencia para no perder la prestación del servicio. Tenemos una competencia que es Menores y no se ha reforzado. La figura del Consell sirve para reforzar la actividad de los ayuntamientos y en las ultimas reuniones les hemos remarcado que han de utilizar más al Consell para aprovechar los recursos, como hacer más convenios o reforzar el plan de prestaciones básicas.

—¿Devuelve el Govern el dinero?
—Todo el dinero extra que aportamos es de fondos propios del Consell y no se devuelven.

—¿Qué cantidad es?
—Ponemos más de dos millones de euros de competencias impropias que financiamos como extra. Hemos solicitado al Govern la revisión de los convenios en diferentes servicios, dependencia, drogas, el programa de maltrato infantil, programas de servicios comunitarios básicos y Oficina de la Dona, para que se ajusten al coste real del servicio que se presta. El Govern ha mantenido la cantidad pero nosotros seguimos apostando por el servicio. El hecho de no tener competencias no debe afectar al derecho de las personas usuarias a recibir el servicio. No se me pasa por la cabeza no poner el dinero para que no se preste el servicio.

—De cara 2017, ¿qué actuaciones van a acometer?
—Estamos trabajando en la elaboración de la cartera de servicios sociales y queremos aprobarla en 2017. La cartera pone a disposición de los ciudadanos el derecho a los servicios sociales. Hay que comprometerse con el ciudadano y prestar los servicios que la ley de 2009 dice que tenemos que dar. Hacemos nuestro trabajo y dignificamos el departamento que ha estado en un letargo de cuatro años.