Las principales asociaciones empresariales ibicencas relacionadas con la industria turística han mostrado su rechazo a los ejes básicos del borrador de la ley de alquiler de vivienda vacacional presentado esta semana por el vicepresidente del Govern balear, Biel Barceló. Todas ellas estudiarán el documento para presentar las alegaciones pertinentes, encaminadas a preservar el techo de las plazas turísticas para la isla.
A excepción de la Federación Socialista d’Eivissa, todas las formaciones pitiusas y patronales implicadas en el sector defienden la prohibición del alquiler turístico en edificios plurifamiliares –aspecto que recoge la Ley de Turismo de 2012– y solicitan más personal y recursos para perseguir y sancionar a los infractores.
En línea con la opinión manifestada anteayer por la Federación Empresarial Hotelera, que considera que la nueva ley solo pretende «hacer caja», la gerente de Fomento del Turismo, Ángeles Nogales, afirmó ayer que la regulación «tiene afán recaudatorio». «Yo no quiero el dinero proveniente de los impuestos que generarían los pisos turísticos, igual que no queríamos el dinero que generase el petróleo que pretendían buscar en nuestras aguas», defendió Nogales, quien confirmó que desde la asociación presentarán alegaciones al borrador de una ley que, en su opinión, «da carta de naturaleza a la saturación provocada por el alquiler de pisos a turistas».
«Al final tendremos ciudades museo, morirá el pequeño comercio y los vecinos del centro se marcharán porque el turismo se les habrá metido en la escalera de casa», denuncia la gerente de Fomento del Turismo, partidaria de que se «endurezcan las sanciones» y de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), «que permite una serie de cosas que mete en problemas al sector turístico».
Nogales afirma que «pasar la pelota» a las comunidades de vecinos y ayuntamientos no resuelve el problema, y se muestra favorable a dotar con más recursos y personal a los órganos de inspección para evitar que «cualquier superficie horizontal sea una cama de hotel».
Más reacciones
El presidente de la Asociación de Viviendas Vacacionales, Roberto San Esteban, es contrario a la medida prevista para que un bloque pueda ofrecer alquileres turísticos con un 51% de los votos de los vecinos. «Debería ser una mayoría cualificada de la comunidad, un 75% de los votos, la que autorice ese tipo de alquileres», defiende. Además, ve poco probable que se pueda expulsar a un inquilino en 24 horas como apunta el borrador porque, asegura, no se recoge método alguno para llevarlo a cabo.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, Juan Manuel Costa, cree que todos los sectores implicados «deben ser implacables con las regulaciones normativas de aquellas actividades que trastocan el equilibrio de nuestra isla». Y cita como una tendencia de riesgo la economía colaborativa que promueven plataformas como Airbnb o HomeAway, entre otras. «[La economía colaborativa] conduce en ocasiones a desequilibrios económicos que provoca la práctica del intrusismo, sobre todo en el transporte y el alojamiento turístico, en muchos casos a través de plataformas tecnológicas de comercialización en manos de empresas multinacionales». Juanma Costa considera que hay que ser «contundentes» con este intrusismo y «no permitir ni la saturación de nuestras infraestructuras ni la gravísima saturación turística de la vivienda, que provoca desde precios desorbitados a falta de vivienda para residentes y trabajadores».
Cualquier forma de actividad económica «que rompa este esquema», añade, ha de ser «regulada, prohibida o sancionada por las autoridades competentes». Por último, Costa recuerda que la Cambra se ofreció «para la gestión y recaudación del impuesto a estancias turísticas» y reiteró su apoyo a «la prohibición del alquiler de pisos turísticos».
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