La peatonalización del corazón de las grandes ciudades ha llegado para quedarse. La corriente que apuesta por alejar el tráfico del centro y hacer de las ciudades entornos más amables para el ciudadano está triunfando. No cabía esperar otra cosa, aunque todavía haya formaciones o políticos –léase Esperanza Aguirre– que reniegan ante cualquier progreso hacia la sostenibilidad de nuestras sociedades.

Los tres principales núcleos urbanos de la isla, Vila, Santa Eulària y Sant Antoni, se enfrentan o van a enfrentarse a obras de peatonalización. Esto implica acometer trabajos con maquinaria pesada cuyo impacto acústico puede llegar a desesperar a los vecinos. Casi todos hemos sufrido el ruido de las obras en alguna ocasión, pero lo último que se nos puede ocurrir es agredir o amenazar a los trabajadores, que solo cumplen órdenes y agotadoras jornadas laborales. Las administraciones y las propias constructoras se enfrentan aquí a un doble dilema: ejecutar las obras en el menor tiempo posible, con los riesgos que conlleva –véase la chapuza en el acceso a Jesús– o dilatar los trabajos acotando las jornadas de trabajo para reducir las molestias.

Por otra parte, este tipo de macroproyectos de peatonalización obligan a las administraciones a mejorar el transporte público, facilitar la circulación de las bicicletas y adecuar párquines disuasorios en los accesos a las ciudades (que no queden anegados cuando caen cuatro gotas). En Ibiza nada de esto se ha previsto antes de meter las excavadoras para poner patas arriba la ciudad. Esta descoordinación está multiplicando las molestias entre vecinos, conductores y transeúntes, pero las reformas son necesarias y traerán a buen seguro prosperidad. Paciencia.

Esta semana hemos vuelto a ser testigos de la polémica que genera la futura ley balear de alquileres turísticos. Los hoteleros y buena parte de la sociedad ibicenca está en contra de legalizar el alquiler de pisos a turistas por la saturación y los problemas de convivencia que genera, y proponen aumentar las labores de inspección y sanción frente a los infractores. Modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos debe ser el siguiente paso para garantizar que en Ibiza no se comercializa con los derechos básicos de vivienda de residentes y trabajadores.