1 de 2 | Vehículo utilizado por la empresa concesionaria del servicio de alumbrado público de Vila.

2 de 2 | Alfonso Molina y Elena López atendieron ayer a los medios de comunicación.

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J. A. T. / R. I.Eivissa22/12/16 4:00
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El Ayuntamiento de Eivissa y la empresa concesionaria del servicio de alumbrado público de la ciudad, Citelum SA, han llegado a un acuerdo que pondrá fin a los cinco contenciosos administrativos que esta compañía había interpuesto en los últimos años contra el consistorio en los que reclamaba una cantidad de 4,7 millones de euros en concepto de deudas pendientes e intereses de demora reclamados desde el año 2010. Este acuerdo, que se ha plasmado en forma de convenio, se llevará hoy al pleno ordinario para su ratificación «después de un trabajo importante para no llegar a la vía contenciosa», explicó ayer el teniente de alcalde Alfonso Molina.

El convenio rebaja las aspiraciones de la compañía Citellum y acuerda el abono de 2,3 millones de euros, que se pagarán en cuatro ejercicios presupuestarios (500.000 euros el 2016, 1 millón de euros al 2017, 1 millón de euros al 2018 y 324.460 euros en 2019). Una deuda que, por lo tanto, se asumirá en la actual legislatura «para que los próximos gobernantes no se encuentren con marrones como estos», señaló Molina.

Por otra parte, la teniente de alcalde Elena López explicó la propuesta de convenio con Abaqua y el Consell d’Eivissa, que también se llevará al pleno de hoy, para la financiación de las obras del nuevo emisario de la depuradora de Vila que permitirá la sustitución del de Talamanca. En este caso el convenio suscrito entre las tres instituciones prevé una aportación del Ayuntamiento de Vila para antes de que acabe el año 2016 de 333.333 euros y aportaciones al 2017 y el 2018 de 666.667 euros. Todos este dinero será devueltos por el Govern balear al Ayuntamiento de Vila en cinco anualidades a partir del año 2019.

López ha recordado que aunque la obligación de pago de estas obras corresponde al gobierno autonómico, el Ayuntamiento y el Consell d’Eivissa manifestaron desde el primer momento su predisposición a avanzar la financiación para que las obras se pusieran inmediatamente en marcha. «No iba a ser por el Ayuntamiento que no se hiciera el nuevo emisario; para nosotros era más importante resolver el problema que el dinero», destacó Alfonso Molina.

Finalmente, el teniente de alcalde socialista señalo que hoy se propondrá al pleno la inadmisión del recurso presentado por el grupo del Partido Popular contra el presupuesto del año 2017. En este sentido Molina apuntó que sólo hay tres motivos por los que se puede impugnar un presupuesto y están especificados en la Ley de Haciendas Locales (tramitación incorrecta, no incluir obligaciones de pago reconocidas o no justificar los ingresos suficientes para hacer frente a estas obligaciones) y que el recurso del PP no contempla ninguno de estos supuestos, por lo que, según el equipo de gobierno, no puede ser admitido. El principal grupo de la oposición entiende que el gasto en personal supera el 1%, límite que marca Ley de Presupuestos Generales del Estado «El único objetivo de esta impugnación es perjudicar el trabajo de esta casa. El Partido Popular no quiere que haya más policías en la calle, no quiere que se presten los servicios de atención domiciliaria, quiere que no se lleven a cabo las inspecciones técnicas de edificios,... Pues este gobierno no lo va a permitir», aseguró Molina después de explicar que el incremento de la masa salarial sólo es de 1.865 euros, el 0,01% del total dedicado a salarios del personal.

De esta manera, si hoy se aprueba en pleno la no admisión del recurso del PP, el presupuesto del año 2017 podrá entrar en vigor el día 1 de enero y al principal partido de la oposición sólo le quedaría la vía judicial para impugnar las cuentas municipales.