Viviana de Sans y Pepa Marí durante una rueda de prensa en una imagen de archivo.

La consellera de Territori i Mobilitat, Pepa Marí, aseguró ayer que su departamento incorporará las alegaciones presentadas a la norma cautelar territorial «que se hagan en positivo». «No tendremos ningún problema en incorporar cosas que ayuden a mejorar la calidad del suelo rústico para lo que es, que es para un uso agrario», señaló la consellera de Territori.

En cuanto a las críticas de las cooperativas agrícolas y de los propietarios de fincas rústicos, Pepa Marí aseguró que «tenemos que intentar que las explotaciones agrarias tengan todas las facilidades porque ellos han hecho de Ibiza lo que es, pero también tenemos que tapar las puertas de atrás para que la normativa no se utilice para hacer otras cosas que entendemos no son su función». En este sentido apuntó que su equipo de gobierno va a promover «que la gente que cultiva la tierra siga viviendo en el campo».

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La consellera josepina también cargó contra el Partido Popular. Pepa Marí lamentó que el PP «vaya a negar la mayor; no sabemos si les gusta que se construya en medio del bosque, que se hagan casas enormes en las cimas de las montañas o que en muchas ocasiones no tienen un uso para la gente del campo sino para uso turístico». La responsable del departamento de Territori del Consell d’Eivissa quiso remarcar que la norma territorial cautelar «es como una operación quirúrgica; ahora no debatimos ni revisamos el PTI, cosa que haremos más adelante. Estos ocho artículos son muy precisos para evitar una dinámica que entendíamos no ayudaba a Ibiza y que en los últimos años hacía que no se fuera por el camino que nosotros pensamos que tendría que ir».

Por otro lado el presidente de la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de Sant Josep, Pep Tur Vergeró, mostró su satisfacción por la gran cantidad de alegaciones presentadas en contra de la norma territorial cautelar. Su entidad ha entregado cerca de 600. «La gente, a diferencia de la última moratoria, se ha movido mucho. Entonces sólo hubo 18 alegaciones pero después hubo una respuesta social muy importante que hizo que se tumbara todo y se echara para atrás. Ahora hemos estado más atentos», explicó Vergeró, quien añadió que «no tiene lógica que las construcciones de una persona que se dedica profesionalmente a la agricultura se consideren como vivienda unifamiliar».