El conseller insular de Medi Ambient, Miquel Vericad, aseguró ayer que la rescisión del contrato con la UTE Giref para la construcción y gestión de la planta de triaje –que separaría los residuos reciclabes de los que no lo son– en el vertedero de Ca na Putxa supondría «unos costes inasumibles para las arcas del Consell d’Eivissa», como así ha concluido el Consell Consultiu en un dictamen que, sin embargo, no es vinculante.
Una vez leídas las conclusiones del órgano asesor, la máxima institución insular pidió ayer al Consell Consultiu una serie de «aclaraciones, porque entendemos que quizás no hayan tenido en cuenta una serie de premisas en la elaboración del dictamen», apuntó ayer Vericad. El conseller de Medi Ambient indicó que el equipo de gobierno del Consell d’Eivissa no tomará ninguna decisión al respecto hasta que no haya recibido la contestación del Consell Consultiu.
Vericad señaló que la construcción de la planta de triaje «es absolutamente imprescindible» dado que en la Unión Europea están prohibidos los vertederos de residuos no tratados, como es el caso del de Ca na Putxa. De hecho, la isla de Ibiza también está muy lejos de cumplir con la Directiva Marco de la UE/2008, que obliga a reciclar al menos el 50% de los residuos domésticos en el año 2020. En Ibiza sólo se llega a reciclar el 13% de todos los residuos que se producen. «El interés del Consell es que esta planta de triaje se construya lo más rápidamente posible y creo que una indemnización por lucro cesante no nos interesa a nosotros, a la UTE Giref ni a los ciudadanos», señaló Vericad, quien añadió que el pasado verano se abrió una nueva celda en el vertedero de Jesús para ampliar su capacidad pero que «se está llenando muy rápido». En este sentido, Vericad aseguró que a este ritmo de llenado el vertedero de Ca na Putxa tiene una vida útil de entre 20 y 23 años.
La construcción de la planta de compostaje y selección de residuos se firmó en un contrato entre el Consell y la UTE Giref en 2003 y también está prevista en el Plan Director Sectorial de Gestión de Residuos de 2004. Tres años más tarde, la empresa contratista entregó al Consell un proyecto básico que no fue aprobado hasta finales de 2010, pero no fue hasta 2014 cuando se inició el expediente de modificación de contrato que ahora el Consell Consultiu considera «viciado de nulidad radical» y culpa a la máxima institución insular de haber «retrasado sine die» la instalación de la planta de triaje, que deberá clasificar los residuos reciclables que no hayan sido separados previamente e incorporar dos líneas de compostaje, una de las cuales tratará los lodos procedentes de las depuradoras de la isla.
El órgano asesor del Govern indica que el contrato inicial, que data de 2003, se ha transformado hasta tal punto que resulta una tarea muy compleja abordar su interpretación. En consecuencia, en dicho dictamen asegura que «se ha llegado a plantear si no sería conveniente tramitar un expediente no tanto de interpretación y/o modificación, sino directamente la resolución del mismo con la consiguiente fase de liquidación».
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