En la vista celebrada ayer, el Supremo ha aplicado por primera vez el veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado 21 de diciembre falló a favor de los clientes, con lo que modifica su anterior doctrina, vigente desde el 9 de mayo de 2013.
La sala declaró entonces la nulidad de las cláusulas suelo en los casos en los que quedara acreditada la existencia de un vicio en el consentimiento de quienes firmaron una hipoteca de tales características sin haber sido previamente informados de las peculiaridades y riesgos de este producto.
Una victoria parcial para los perjudicados en tanto que el tribunal sólo obligaba a la banca a reparar el daño a partir del día en que se dictó el veredicto.
«Bofetada» al Gobierno
«Es una nueva bofetada al Supremo y al Gobierno español por parte de la justicia europea, que reconoce derechos que aquí no han sabido reconocer», indicó ayer el abogado Eduard Clavell, que considera «muy justa» la sentencia. El letrado recuerda «a quienes decían que esta sentencia podría producir una crisis financiera» que los bancos «ganan muchísimo más dinero de lo que les supone devolver las cláusulas suelo», disposiciones abusivas que, según Clavell, «han hecho a mucha gente perder sus casas por no poder pagar cuotas más altas».
Una de estas personas afectadas es José Luis Ruiz, responsable de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Ibiza. Ruiz asegura haber recibido «con satisfacción» la noticia, pero señala que aún quedan «muchas incógnitas por resolver» en el nuevo veredicto del Supremo. «Somos muchos los afectados por una ejecución hipotecaria por impagos motivados por esta cláusula suelo. Tener que hacer frente a 1.200 euros al mes en lugar de 700 euros puede llevarte a no poder pagar. ¿Ahora qué pasará con la gente a la que echaron de sus casas?», se pregunta Ruiz, quien solicita la colaboración de abogados hipotecarios en Ibiza ante «el aluvión» de consultas que están recibiendo: «Me llaman cinco o seis personas al día que no saben si tenían cláusula suelo o no. Estamos desbordados porque antes atendíamos para evitar desahucios o hacer de mediadores entre afectados y entidades bancarias, pero ahora nos llaman pensando que somos asesores jurídicos y estamos huérfanos de abogados».
Los bancos tienen un plazo de tres meses para devolver el dinero y en muchos casos se han puesto en contacto con los propios afectados. Sin embargo, Eduard Clavell recomienda que antes de aceptar el importe «consulten con un abogado» porque, en su opinión, «no te puedes fiar de los bancos». Y si la entidad no avisa, aconseja hacer una reclamación judicial.
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Celebro la decisión del Supremo (viene tarde, mal y condicionada por el TJEU, no lo olvidemos). No obstante, si la PAH, no tiene más abogados, tal vez sea, por la politización de ésta, acercándose a la extrema izquierda.