El estudio calcula que la insularidad alcanza los 8.000 millones de euros para ciudadanos, empresas y Administración. | smono

El informe sobre los costes de la insularidad encargado por el Govern a la UIB para argumentar la propuesta de un nuevo Régimen Especial de Baleares (REB) plantea reducir todos los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el Archipiélago por valor de unos 800 millones de euros anuales.

El análisis, llevado a cabo por el doctor de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) José Luis Groizard –coautor de otro estudio sobre el alquiler turístico– y hecho público ayer por el Govern, recuerda que esos 800 millones de euros son el coste que supone para los consumidores la carestía de los productos y servicios ligada directamente a la condición insular de la región. «Una política sobre la imposición al consumo es el mejor instrumento para compensar a los consumidores por este sobrecoste», concluye el autor del estudio, que recuerda que tanto Francia Como Grecia mantienen tipos impositivos diferenciados en sus territorios insulares no periféricos.

José Luis Groizard señala además que en Canarias, Ceuta y Melilla se aplican tipos del IVA menores que los del resto del país «por razones de insularidad y ultraperificidad». Por ello propone en Baleares una rebaja «uniforme en todos los tipos, general reducido y superreducido, que respetaría los límites mínimos establecidos para el tipo general y el tipo reducido», situados respectivamente en el 15 y el 5 %.

Aparte de la compensación del sobrecoste directo de la insularidad sobre los bienes de consumo, el informe del experto recoge otras muchas medidas paliativas del resto de costes, que, de acuerdo a un análisis de 2014, cifra en 900 millones de euros anuales en la producción de las empresas, 1.500 millones en la adquisición de bienes de capital y 4.000 millones en el acceso a mercados de exportación.

Para la Conselleria d’Hisenda, el sobrecoste total anual de la insularidad se cifra en unos 8.000 millones, ya que también hay que tener en cuenta el del desplazamiento de personas y la provisión de servicios públicos.

Además de iniciativas ya conocidas como la cogestión aeroportuaria o un incremento de las subvenciones a los billetes de los residentes, el estudio de Groizard también plantea la subvenciones a los hidrocarburos y mercancías, así como la creación de un fondo de insularidad que complemente las inversiones del Estado. La consellera de Hisenda, Catalina Cladera, ha calificado el estudio de «herramienta muy válida para seguir reclamando un nuevo REB para las Islas».