Imagen de la anterior casa prefabricada interceptada por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha impedido la instalación de una casa prefabricada de gran tamaño y que iba a ubicarse en una parcela de Sant Carles.

La Guardia Civil de Tráfico informó el miércoles de la semana pasada al Ayuntamiento de Santa Eulària sobre una petición de transporte especial para el municipio y que se trataba de una casa prefabricada.

El personal del Consistorio acudió al puerto de Ibiza para comunicar a los responsables del traslado de su ilegalidad, explicaron ayer desde la Villa del Río.

Finalmente, la vivienda no salió del puerto a pesar de que la empresa responsable comunicó que se trataba de una instalación ligada a la ejecución de unas obras con licencia.

El Ayuntamiento informó de que con su licencia podían disponer de una caseta de material o incluso que sirviese de vestuario para sus trabajadores, pero que en ningún caso se podía utilizar para dar alojamiento, una función para la que era apta la vivienda transportada por su tamaño y configuración.

Al mismo tiempo, se informó de que la Policía Local interceptaría el transporte en el momento en que entrara en las vías de titularidad exclusivamente municipal, inmovilizándola e iniciando inmediatamente un expediente informativo que podía convertirse en sancionador.

Ante esta advertencia, los responsables de la empresa desistieron y no efectuaron su traslado ni instalación.

El Consistorio recuerda que estas instalaciones son ilegales, según la norma 19 del Plan Territorial Insular (PTI).

A finales de abril, Santa Eulària inició tres procedimientos sancionadores para el comprador y el vendedor que instalaron sin licencia una vivienda prefabricada en una parcela del barrio de Can Lluis de sa Rota, en la localidad de Jesús, a pesar de que fueron advertidos de que estaban violando la normativa urbanística contemplada en las Normas Subsidiarias de municipio.

En total, el valor máximo de las sanciones que se podrían llegar a imponer suman los 175.000 euros, a razón de 110.630 euros el propietario de la casa y 64.875 la empresa peninsular que la vendió e instaló.