Rifirrafe entre el Grupo Popular y el equipo de gobierno de Vila. | TEF TV

Los seis concejales del PP presentes ayer en el pleno de Vila abandonaron sus sillones a media sesión tras el rifirrafe entre la portavoz popular, Virginia Marí, y el alcalde de Vila por un comentario realizado por Rafa Ruiz en el que afirmó que los populares podían constituir un grupo municipal en las prisiones de Picassent y Soto del Real teniendo en cuenta los numerosos casos de corrupción registrados en las filas de su partido.

El pleno continuó sin la presencia de los populares, quienes convocaron minutos después a los medios de comunicación a una comparecencia a las puertas del viejo Ayuntamiento en la que Virginia Marí defendió la «integridad» de su grupo y calificó de «espectáculo bochornoso» el comentario de Ruiz, a quien acusó de «no estar capacitado para el puesto que ocupa». «La próxima vez que ocurra esto nos volveremos a levantar de la bancada», advirtió Marí, quien añadió que, en los últimos plenos de la Corporación, «se están superando los límites del respeto y de la educación».

El alcalde de Vila, por su parte, afirmó tras conocer las declaraciones de Marí que los populares están llevando a cabo «una estrategia equivocada» y que el incidente de ayer se debe a que «el PP no ha aceptado el resultado electoral». Ruiz aseguró que su comentario no pretendía «poner en duda la honradez de los concejales del PP de Vila» pero recordó que los populares «tienen un grave problema de corrupción en las altas esferas que han llevado a altos cargos a la prisión».

Reprobación a Joan Ribas

El enfrentamiento entre Rafa Ruiz y Virginia Marí se produjo durante una moción en la que el PP pedía la reprobación del concejal de Benestar Social, Joan Ribas, por su «falta de honestidad y de lealtad a los ciudadanos y la oposición». El popular Álex Minchiotti acusó a Ribas de «faltar a la verdad» por no haber anunciado desde el primer momento que el antiguo retén de la Policía Local de Vila tenía que ser demolido y no únicamente reformado para instalar en su interior el nuevo albergue municipal para personas sin techo.

Minchiotti recordó que el servicio de acogida costará 1,5 millones de euros en lugar de los 800.000 inicialmente presupuestados para 2017 y recordó que el responsable de Benestar Social «ya mostró malas artes cuando intentó ocultar hasta el último minuto cuál iba a ser la ubicación del albergue».

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En lugar de Ribas, fue el propio alcalde quien tomó la palabra para darle la réplica al PP y hacer una cerrada defensa del concejal de Guanyem, socio de gobierno de los socialistas. «Nuestra unidad es nuestra fuerza y su debilidad», apostilló. Rafa Ruiz no solo se opuso a la reprobación de Joan Ribas sino que alabó su trabajo al frente del área de Benestar Social. «Joan Ribas ha hecho un gran trabajo, ha sido valiente y ha recibido por ello críticas injustificadas», señaló el alcalde quien acusó a los populares de «no hacer nada» por los más desfavorecidos durante su mandato la pasada legislatura: «Siempre ayudan a los que más tienen e ignoran a los que no tienen nada», aseveró.

Por su parte, el concejal de EPIC, Antonio Villalonga, planteó la posibilidad de que el equipo de gobierno comprara otro solar para levantar el albergue. Además, presentó una moción en la que proponía que, en el perfil de posibles usuarios de las instalaciones, se excluyeran las personas que están en tratamiento por problemas de adicciones de alcohol o drogas. Una opción a la que no se sumó el PP, ya que, según señaló la portavoz popular, hay que «dar una oportunidad» a las personas que demuestren que están sometiéndose a un tratamiento firmado por un médico.

LA NOTA

Demolición de 110.000 euros

El coste de demoler el antiguo retén de la Policía Local de la calle Vicent Serra donde se ubicará el albergue será de 110.000 euros, según explicó ayer en el pleno el concejal de Benestar Social.

Joan Ribas afirmó que la decisión de demoler el inmueble en lugar de reformarlo la tomaron los técnicos. Sobre el intervalo de tiempo entre que tomaron dicha decisión hasta que la anunciaron, la concejala de Territori, Elena López explicó que el cambio se adoptó a medida que la redacción del proyecto avanzaba.

«Los técnicos vieron que la rehabilitación del edificio no era viable por seguridad o accesibilidad», dijo.