En Ibiza, la competencia recae sobre el Juzgado de Primera Instancia número 2; en Menorca, en los juzgados de Primera Instancia nº3 de Mahón y nº1 de Ciutadella; y en Mallorca, en el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Palma. Desde el prisma territorial la nueva competencia se atribuye territorialmente a un solo órgano para cada provincia, salvo en las Islas. La competencia se asigna en exclusiva, de modo que la nueva clase de registro será repartida y asignada solamente a un órgano en cada caso.
Su carácter no excluyente supone que ese órgano (un juzgado de primera Instancia) seguirá asumiendo también las mismas clases de registro que tenía antes.
Desde el TSJIB apuntan a que la nueva carga «es difícil de predecir», si bien se ha verificado un cálculo aproximado basado en los asuntos registrados durante la anualidad 2016, a los que deberá añadirse una cifra incógnita sobre el aumento que -a partir de ahora- supondrán los asuntos de esta clase. En consecuencia, las medidas son de carácter provisional (desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2017), sin perjuicio de su prórroga o modificación ulterior, siempre en función de la carga efectivamente resultante al final del período.
Dado que el volumen mínimo (calculado en función de los asuntos registrados durante la anualidad 2016) se mueve en torno a los 500 asuntos/año, en lugar de compensación con los restantes de su clase en el mismo Partido judicial, se le ha asignado un refuerzo para que esta nueva clase de asuntos, ahora asumida por este órgano, no incida efectivamente sobre la llevanza de los restantes, para los que seguirá siendo competente.
Por el momento, y en espera de la evolución que experimente la nueva carga, el refuerzo establecido por el CGPJ consiste en un juez en prácticas, un gestor, dos tramitadores y un auxilio.
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