Las Pitiusas se ponen a prueba

Las carreteras y vías de Ibiza son una de las infraestructuras más golpeadas por el turismo de masas. Un reportaje de elaboración propia determinó que los coches tardan 7 minutos en recorrer un solo kilómetro en Vila. Según este análisis, la velocidad media en el centro de la ciudad se sitúa en 15 km/h y es similar a la de grandes capitales como Madrid. Subir hasta la plaza de la Catedral puede costar 18 minutos en un trayecto de apenas 3 kilómetros, lo que incide en la necesidad de más y mejor transporte público en la zona más poblada de la isla.

Esta semana también asistimos a los desmanes que se producen en el polvorín. Santa Eulària dio a comienzos de semana 48 horas de plazo para desalojar las instalaciones. El gobierno municipal envió los informes de la Policía Local sobre el encuentro de los chamanes a la Fiscalía, y el Ayuntamiento solicitó información al Consell d’Eivissa sobre si unas instalaciones militares pueden servir como vivienda.

Las altas temperaturas sumadas a los actos imprudentes provocaron el tercer incendio en apenas dos meses en Cala Saona. Esta semana se quemaron 6 hectáreas y ya suman 30 con los tres siniestros. En Can Tomàs, en Sant Antoni, el fuego amenazó a varias casas.

En el ángulo opuesto, una de las noticias más importantes del año ha sido que la nueva concesión del Club Náutico Ibiza se quedará en casa. La entidad que ha gestionado el club durante 90 años mantendrá la concesión otras tres décadas. Sus dirigentes y el equipo de gobierno de Vila mostraron su satisfacción por la continuidad de un proyecto sin ánimo especulativo y con un marcado carácter social y deportivo. Además, sus gestores invertirán a partir del año que viene más de 7,5 millones de euros para la renovación de la marina y de la sede social del club.

En el plano político, el Govern ha vivido una semana muy convulsa tras la aprobación, no sin polémica, de la nueva ley de alquiler turístico. La regulación aprobada por la Cámara no permite aplicar multas por alquilar pisos turísticos y con la actual ley no se pueden controlar las plataformas ni imponer sanciones.