Durante la jornada de ayer, varias familias que venían viviendo en alguno de los apartamentos recogían sus bártulos y se disponían a abandonar el inmueble de forma voluntaria. Los pocos que quedaban expresaron su incertidumbre porque, según apuntaron, no saben «dónde ir a partir de ahora».
El pasado 25 de abril se celebró el juicio para resolver el conflicto a tres bandas que mantenían desde hace más de un año los propietarios del inmueble, su antiguo administrador y la veintena de familias que lo ocupan, tras la denuncia presentada por la propiedad del bloque de apartamentos turísticos.
Dos meses después, el 14 de junio, el juez Pablo Rodríguez González dictaba un auto en que el determinaba la «ilegítima posesión» de los apartamentos Ses Roques de Cala Llonga. Este auto conllevaba el desalojo del edificio y que el mismo fuese puesto a disposición de sus legítimos propietarios.
Con el desalojo que debe estar ejecutado hoy se pone fin a un proceso que se ha dilatado en el tiempo, un proceso que arrancó en marzo de 2015, con el fallecimiento de la propietaria del bloque de apartamentos.
El proceso judicial abierto entre los legítimos herederos y el exadministrador, Antonio Borregón, se prolongó durante dos años, un periodo en el que también se aplazaron in extremis dos lanzamientos.
El pasado 18 de febrero se producía un primer desahucio, el del apartamento 201, que venía ocupando Borregón. Dos meses después llegó el juicio en el que estuvieron presentes todos los ocupantes que en su día habían firmado un contrato de arrendamiento con Borregón, contratos que finalmente fueron tumbados por la justicia. «Ningún ocupante ostenta título legítimo para poseer, sin que quepa la posibilidad de alegar título legítimo posterior, debiendo el Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución (SCACE) desalojar la totalidad del inmueble de cualquiera persona que allí se encontrare, atendiendo a la naturaleza del presente procedimiento», señalaba el auto que será ejecutado hoy.
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