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El operativo de la Guardia Civil en un local de Vila se ha saldado con un expediente administrativo por falta de licencia

| Eivissa |

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El operativo desplegado por la Guardia Civil en el establecimiento ‘Finest’ de Vila se ha saldado finalmente con un «expediente administrativo por no disponer de la correspondiente licencia para la venta de productos y complementos alimenticios», según señaló a esta medio el abogado de la sociedad propietaria del establecimiento ubicado en la calle Antoni Marí Ribas de Vila.

El pasado 26 de junio, agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ibiza y del Servicio Fiscal y de Fronteras realizaron una inspección en el establecimiento del que se llevaron diversas cajas de material. Según informaron fuentes de la investigación, entre las sustancias intervenidas figuraban potenciadores sexuales como el popper y cápsulas de óxido nitroso.

Investigación

Los investigadores venían siguiendo los movimientos que se realizaban desde este local ubicado en el corazón de La Marina y que ofrecía toda clase de productos a través de las redes sociales.

Los agentes permanecieron en el local durante más de dos horas, interviniendo e inventariando diversos productos que se ofrecían en el local.

El operativo de la Guardia Civil se completó con la presencia de dos inspectoras de Sanidad y Consumo.

Todo el material retirado fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil para su posterior analisis.

Tras el registro, los agentes trasladaron a uno de los empleados a dependencias policiales y requirieron la presencia de otro responsable.

Según señalaron fuentes de la propiedad del establecimiento instalado en Ibiza, en el local «no se comercializa ningún producto con efectos similares a la escopolamina, la droga coloquialmente conocida como burundanga».

Además, hacen hincapié en que tampoco se intervino ninguna sustancia con capacidad para anular la voluntad de un persona ni nada parecido».

Las mismas fuentes señalaron que tras la inspección y registro del local «no se han abierto diligencias penales por un presunto delito contra la salud pública. Lo único que existe es un expediente administrativo por no disponer de la correspondiente licencia para la venta de productos y complementos alimenticios», especificaron las mismas fuentes.

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