Imagen de archivo del patio del colegio público Mestre Lluís Andreu de Formentera, donde está escolarizada la niña.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) de Formentera ha denunciado «la vulneración de un derecho fundamental» por parte del Govern balear a una alumna con necesidades especiales del CEIP Mestre Lluís Andreu.

Según señalaron, la conselleria balear de Educació no ha asignado de forma permanente una Auxiliar Técnica Educativa (ATE) a Sofía, que tiene síndrome de Down y cursa este año P3, como tendría que tener por su condición. Por este motivo, los padres y madres piden que se revise el caso de la niña y muestran su apoyo a la madre en el caso de que acuda a la Justicia.

«Más allá de que el actual marco legislativo español identifica la inclusión educativa como derecho fundamental, existe un dictamen a favor de esta asignación a partir de un estudio exhaustivo por parte de la profesional educativa que acompañó a Sofía el año pasado en la escoleta», señaló la FAPA a través de un comunicado.

Esta recomendación, según explicaron desde la Federación, fue ratificada el pasado mes de junio cuando el equipo directivo del colegio elaboró una solicitud para contar con la ayuda de una ATE para la alumna «a partir de los criterios que marca la conselleria de Educación del Govern balear». La Federación de Padres de Alumnos considera que la alumna «cumple todos los requisitos para disponer de una ATE, así lo corrobora el baremo de puntuación existente, y se le está negando de forma fraudulenta».

Para la FAPA de Formentera, esta situación es «incomprensible y flagrante», teniendo en cuanta que la conselleria sí que contempla un ATE adicional a partir del segundo trimestre, «una contradicción inaceptable si consideramos que, aparte de su diversidad funcional, Sofía tiene por delante una adaptación decisiva desde la escoleta al ciclo de educación infantil».

«Es inadmisible que un gobierno formado por unos partidos que en su programa electoral incluían la promesa de desarrollar un plan estratégico de inclusión educativa no solo no lo haya ni diseñado sino que desconozca la realidad de unos centros que gestionan», afirma el comunicado.

Desde la FAPA, criticaron además «lo poco que se ha hecho para cambiar el rumbo de una política amplia de recortes de personal específico que provoca que una sola educadora tenga que pasar la mayor parte de su tiempo sola con veinte niños de P3, uno de los cuales tiene derecho a un ATE».