Arranca el trámite judicial de la querella de Anticorrupción por las adjudicaciones al jefe de campaña de Més, Jaume Garau. El titular del Juzgado de Instrucción 9 de Palma, Enrique Morell, ha solicitado al Govern los expedientes íntegros de estas contrataciones. Es el primer trámite de las pesquisas una vez que el magistrado ha acordado la admisión a trámite de la denuncia y ha incoado diligencias previas. El instructor tomó esa decisión ayer y todavía no ha citado a ninguno de los denunciados a declarar. Lo hará una vez examine esa documentación, además de la aportada por la propia Fiscalía Anticorrupción que incluye el informe de la Policía Nacional.
Los pasos más probables es que el juez cite en primer lugar a los cinco denunciados por el ministerio público: el propio Garau, la exconsellera de Transparencia, Cultura y Deportes Ruth Mateu, el director de la Agencia de Turismo de Baleares (ATB) Pere Muñoz (que anunció su dimisión la semana pasada, aunque esta será efectiva en noviembre), el ex director general de Cultura Jaume Gomila y el exdirector del Instituto d’Estudis Baleàrics José Ramón Cerdà.
Las investigaciones se centran en una serie de contratos menores adjudicados por las consellerias de Turisme y de Cultura a dos empresas vinculadas a Jaume Garau, Regio y CPL. Se investiga si se fragmentaron los encargos para permitir una adjudicación directa sin publicidad saltándose el límite legal de 18.000 euros.
El estallido del caso ha provocado la salida del Govern de todos los denunciados. Primero, la pasada primavera de la exconsellera de Cultura Ruth Mateu y de los cargos públicos de su consellería imputados. Tras concretarse la investigación de la Fiscalía en una querella, también dimitió el Pere Muñoz, por lo que en un mes ninguno de los responsables de estas contrataciones seguirá ostentando cargos de responsabilidad. El ministerio público abrió diligencias previas el pasado mes de abril. El plazo para mantenerlas abiertas expiraba este mes y, ante la existencia de indicios que impedían descartar la existencia de un delito y poder prorrogar las investigaciones, la Fiscalía decidió judicializarlas.
La decisión judicial provocó ayer reacciones. El Partido Popular reclamó que el Govern se persone como acusación particular en la causa, un paso que fuentes del Ejecutivo daban por hecho en el caso de que se abrieran diligencias judiciales. Por parte de Més, su portavoz parlamentario, David Abril destacó que han asumido responsabilidades.
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¿Alguien se acuerda?. Fany Tur:«Yo estoy convencida de la honestidad de la gente de Més, evidentemente. Si no, no hubiera dicho que sí. Además, creo que lo que hay que hacer ahora es mirar hacia adelante». Honestamente y con un mínimo de dignidad, mañana mismos de vuelta a Can Botino, no?.