La directora general de Turisme compareció ayer en el Parlament. | Joan Torres

La directora general de Turisme del Govern, Pilar Carbonell, negó ayer cualquier trato a favor del Grupo Cursach y volvió a insistir, durante su comparecencia en el Parlament, que ella no forzó «ningún procedimiento a favor». Compareció en la Comisión de Turismo, a petición del grupo parlamentario Podemos, después de que su nombre apareciera en el caso del sumario que investiga la presunta trama de corrupción en la Policía Local de Palma.

«Sbert habló conmigo porque se interesaba por su expediente, como hacen tantos otros empresarios, y yo le informé del estado de tramitación, simplemente. En ningún momento se le dio un trato de favor», remarcó Carbonell en relación a la conversación que mantuvo con el director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert. Recalcó que, como directora general, no está «ni imputada ni investigada», si bien, indicó que «dará las explicaciones en el caso de que sea necesario».

Carbonell aseguró que «en ningún momento» firmó «ningún informe vinculante sin los informes previos de los técnicos de la Administración». «Tal vez, por mi carácter afable y cercano hace que sea simpática y que devuelva todas las llamadas. Lo he hecho hasta ahora y lo seguiré haciendo», sentenció al ser cuestionada por la conversación que mantuvo con el directivo del grupo Cursach.

La directora general de Turisme explicó que dos de los establecimientos del Grupo Cursach -de la cadena BH Hoteles- fueron sancionados por sobreocupación (más plazas de las permitidas), en el año 2016 y 2017. «Esto fue previo a todo este caso que ha salido en la prensa, por tanto, ello demuestra que no hemos hecho trato de favor a nadie porque, si lo hubiéramos hecho, supongo que no se habrían inspeccionado», concluyó. El diputado de Podemos Salvador Aguilera puso de manifiesto que desde su formación «siempre han reclamado inspecciones» e insistió en la auditoría externa a la Conselleria de Turisme que han propuesto. Por su parte, el diputado del PP Miquel Jerez señaló que su grupo «ejerce la función de control», pero que la Justicia tiene la última palabra.