Los inquilinos de estos bajos patera, que carecen de cédula de habitabilidad, acudieron a mediados del mes de junio a un gabinete de abogados ante la amenaza de precinto. La abogada de la propiedad, Patricia de las Heras, presentó una demanda contra esa suspensión basada en un proceso especial de protección de los derechos fundamentales, incluyendo una petición de la medida cautelarísima al encontrarse menores de edad viviendo en una de las estancias. Solo dos días después el juez de la sala de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma, Alejandro González, ordenó la suspensión cautelar de la orden de paralización de los usos residenciales del suelo decretada por el Consistorio.
Según indicaron ayer fuentes municipales, en base a los informes que manejan los servicios jurídicos, «actualmente prevalece esa medida cautelarísima por lo que desde el Ayuntamiento se está a la espera del juicio y de la decisión judicial, ya que afecta a los derechos fundamentales y a la inviolabilidad del domicilio».
La defensa del propietario de los locales y de los inquilinos aseguró entonces que los inmuebles «tienen calificación registral de vivienda», según recoge el Registro de la Propiedad, con fecha de mayo de 2016, tras el cambio de usos realizado por una notaría afincada en Valencia.
A la espera
Según el Ayuntamiento, sin embargo, ese cambio de usos no se ha legalizado con la correspondiente licencia municipal y, además, los locales carecen de cédula de habitabilidad. De hecho, tanto el Ayuntamiento como el Consell tienen abiertos expedientes sancionadores contra el propietario y varios comercializadores de los inmuebles.
No obstante, el juez admitió en su auto que se daban las circunstancias de especial urgencia que avalan «la suspensión cautelarísima de la orden de desalojo inmediato y precinto de las viviendas que constituyen el domicilio» de los afectados. Y hacía referencia al caso concreto de una madre que vive con cuatro hijos menores «que se verían sin hogar, en ejecución de un acto administrativo al que ni siquiera se han visto emplazados».
Por tanto, según sostienen desde el Ayuntamiento, «hasta que no se resuelva esta medida judicial no se podrá avanzar en ningún sentido».
LA NOTA
10 habitaciones, 15 inquilinos y 1.000 euros/mes
Los inmuebles, provistos de 10 habitaciones y siete baños sobre una superficie de 340 metros cuadrados, carecen de cédula de habitabilidad, salida de humos y ventilación. En verano vivían unos 15 inquilinos.
Además de alquilarse cada local por unos 1.000 euros al mes, el conjunto de estas cinco infraviviendas se encontraba a la venta en varias páginas web por 730.000 euros.
Estos bajos comerciales se explotan desde hace años como viviendas. Sus explotadores incurren en diferentes infracciones urbanísticas, además de fraudes a la Agencia Tributaria, incluso en presunta estafa y coacciones, tal y como investiga la Policía Nacional.
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