La delegada del Gobierno, Maria Salom, ha presidido la reunión anual de la Comisión de Tráfico y Seguridad Vial junto a la jefa provincial de la DGT, Cristina Gago. | Picasa

La Comisión de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial 2017 celebrada hoy en la Delegación del Gobierno de les Illes Balears ha abordado, entre otras cuestiones, el aumento de radares fijos en la red viaria de Ibiza y el incremento del número de controles de alcohol y drogas. La consellera de Territori i Mobillitat, Pepa Marí, trasladó la necesidad de instalar nuevos radares fijos en las carreteras más peligrosas y transitadas, prestando especial atención a la carretera de Sant Carles, vía que este año ya ha registrado tres víctimas mortales. El último accidente mortal se cobró hace seis días la vida de un joven motorista de 24 años.

Según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno, la comisión que ha estado presidida por la delegada Maria Salom también ha propuesto la creación de la Comisión Provincial de Educación Vial, que coordinará las acciones de todas las administraciones con competencias sobre el tráfico. Todo enfocado a rebajar la siniestralidad en las Islas, que en lo que llevamos de 2017 se mantiene en las cifras de los últimos años.

La DGT estudiará el cambio de ubicación o la instalación de nuevos radares según la viabilidad, priorizando las carreteras con mayor número de fallecidos o con mayor densidad de tráfico.

Las mismas fuentes indicaron en un comunicado que desde Tráfico se ha insistido en la colaboración de los consells insulars, competentes en materia de tráfico, para mejorar las infraestructuras y en fomentar la colaboración con los ayuntamientos a la hora de difundir las campañas de la DGT y realizar controles de alcohol y drogas, que son “muy importantes”, así como en otras soluciones que complementen las medidas de la Administración central.

Finalmente, la DGT ha propuesto la creación de la citada Comisión Provincial de Educación Vial, que responde al Plan Estatal de Educación Vial propuesto y aprobado por el Ministerio del Interior, que requiere de comisiones provinciales para combatir la siniestralidad compartiendo mecanismos, metodología y recursos didácticos con los ayuntamientos y corporaciones insulares.