La Fiscalía de Ibiza ha acordado el archivo de la denuncia de los representantes de dos discotecas de Ibiza contra los alcaldes de Sant Josep, Josep Ribas, y Sant Antoni, José Tur, a quienes acusaban de presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra el medio ambiente.
Según informó ayer el Ayuntamiento de Sant Josep, en el auto de archivo, «la fiscal considera acreditado que los ayuntamientos de los dos municipios actuaron de forma diligente para combatir problemas de ruidos provocados por otros locales de ocio».
En concreto, la denuncia interpuesta por las discotecas acusaba a ambos alcaldes de presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra el medio ambiente «por dejación en su obligación de perseguir» los delitos de emisión de ruidos cometidos por otros locales de ocio y beach clubs.
Concretamente, en el caso de Sant Josep, la Fiscalía destaca que el Ayuntamiento ha remitido un informe con una compilación todas las sonometrías realizadas y los expedientes en trámite infracciones a la ordenanza de ruidos y vibraciones.
Además, añaden desde Sant Josep, también se ha aportado documentación de acciones administrativas iniciadas contra determinados establecimientos que aparecían a la denuncia.
Finalmente, la Fiscalía destaca que el Consistorio josepí ha informado de las nuevas ordenanzas más restrictivas que contemplan «el endurecimiento de las sanciones, facultan a la Policía a hacer cierres preventivos de establecimientos que manipulen o no tengan limitadores de sonido» y también prevén la reducción de los decibelios que pueden emitir los equipos de música de los locales al aire libre.
En cuanto a Sant Antoni, la Fiscalía detalla la aportación de un listado de quejas de vecinos por ruidos y de las actuaciones derivadas de estas quejas, así como de sonometrías, de expedientes incoados y propuestas de sanciones en estos expedientes.
La Fiscalía concluye que «dada toda la documentación remitida» por parte de los ayuntamientos de Sant Josep y de Sant Antoni, «no hay en absoluto dejadez» en el deber de perseguir los delitos denunciados.
En cuanto a la alegación del delito de medio ambiente, Fiscalía recuerda para la comisión de este delito, además del exceso de ruido, debe existir un daño o peligro concreto para la salud de las personas, por lo que señala que en este caso «no constan informes médicos de supuestos perjudicados por el exceso de ruido».
La Fiscalía decide el archivo, al «no quedar acreditados indicios de criminalidad relativos a los hechos denunciados».